La lucha anti Til no cesa. La Federación de Asociaciones de Padres y Madres (FAPMA) de Menorca ha interpuesto una querella criminal contra el president del Govern; José Ramón Bauzá; la consellera de Educació, Joana Maria Camps; y el secretario autonómico de Educació, Guillem Estarellas, por los presuntos delitos de prevaricación, desobediencia e impedir el ejercicio de los derechos cívicos.
La querella se presentó el pasado viernes en los juzgados de instrucción de Palma. La Confederación de asociaciones de padres y madres (Coapa), que engloba a las federaciones insulares, no descarta sumarse a la querella, según su presidente, Jaume Ribas. De todos modos, las asociaciones deben discutir ahora esta cuestión y aprobarla, si procede, en junta directiva.
El acuerdo para emprender acciones legales contra los responsables de la política educativa de Balears «arranca en las asambleas de padres y madres celebradas en septiembre y octubre». Según la querella, «la imposición de los proyectos TIL contra el criterio del consejo escolar de los centros podría constituir un delito de impedimento del ejercicio de los derechos cívicos». De acuerdo con el Código Penal, este delito es sancionable con la inhabilitación para desempeñar cargo público entre uno y cuatro años.
El encargo y redacción de esta querella ha sido financiada con las aportaciones voluntarias obtenidas con la Marxa per l'Educació del pasado octubre. Además, se ha iniciado una campaña de micromecenazgo para obtener recursos. Se ha previsto recaudar 7.000 euros.
La querella también alude a los expedientes a los directores de los tres institutos de Maó y a la adopción del decreto-ley del TIL, dos horas después de que el TSJIB dejase sin efecto su aplicación.