El recorrido judicial de la causa abierta contra la exsolista de Mecano, Ana Torroja, en 2007 concluirá a partir del miércoles próximo en el Juzgado de lo Penal 5 de Palma, cuando se siente en el banquillo acusada de dos delitos fiscales.
El fiscal anticorrupción Juan Carrau y la abogacía del Estado piden para la cantante sendas penas de cárcel, 18 meses el ministerio fiscal y 3 años y 3 meses Hacienda. Torroja, que ha devuelto 700.000 euros a las arcas del fisco pactó las penas con el fiscal, pero no todavía con la Abogacía del Estado.
Cargos
Ana Torroja está acusada del presunto impago del IRPF en el ejercicio 2006 (203.371 euros) y el de 2007 (456.728). El fiscal le reclama una multa de 142.359 euros por el fraude presuntamente cometido en 2006 y de 319.709 euros por el de 2007.
La causa empezó a ser investigada en el marco de la ‘operación Relámpago' cuando afloraron una serie de documentos en el despacho del bufete Feliu, sus asesores fiscales. A partir de ahí, se le involucró con rentas ocultas en cuatro sociedades extranjeras en las Antillas holandesas, Holanda y Panamá y en cuatro españolas.
La artista, que se negó declarar ante el titular del Juzgado de Instrucción 7 de Palma, Antoni Garcías, en las dos ocasiones en que la fue citada como imputada, ha recurrido ante todas las instancias judiciales, incluido el Tribunal Constitucional. Todos sus recursos fueron rechazados.
El auto más contundente contra su petición de anular la causa lo firmó el presidente de la Sección Segunda de la Audiencia de Palma Diego Gómez-Reino.
El magistrado no solo apoyó de forma rotunda la actuación seguida en el proceso por el ministerio público y la Agencia Tributaria durante los registros a varias sociedades y despachos supuestamente vinculados a la ‘operación Relámpago', sino que emplazó a la artista a defenderse «en el juicio». El fiscal señala en su escrito de acusación que «concurren en Ana Torroja la circunstancia atenuante de reparación del daño y la analógica de confesión y colaboración con la justicia». Por ello, solicita penas que en su conjunto no implican el ingreso en prisión de la cantante.
La Abogacía del Estado, en cambio, representada por la letrada Dolores Ripoll, ha confirmado que la cantante no ha alcanzado, por ahora, ningún acuerdo con ellos.