Las formaciones políticas PSIB, MÉS, EU y ERC han denunciado ante la Unión Europea (UE) el Plan Hidrológico de las Islas Baleares, porque consideran que «vulnera de manera flagrante» la directiva marco del agua y toda la legislación comunitaria.
Una normativa europea que es de obligado cumplimiento por parte del Govern y del Ejecutivo central, han explicado los denunciantes en una rueda de prensa.
El Plan Hidrológico de las Islas Baleares «no es un instrumento válido para mantener la calidad del agua y para asegurar su uso racional con prioridades claras y con voluntad de evitar la sobreexplotación y la contaminación de los acuíferos o la recuperación de las zonas húmedas», señalan los denunciantes en una nota.
En su opinión, el plan es «un instrumento pensado para favorecer los intereses privados que utilizan este recurso básico en beneficio propio y permite nuevas extracciones abusivas, especialmente en el litoral».
La denuncia presentada se basa, entre otros, en que el Plan Hidrológico elimina el carácter obligatorio de las normas técnicas de ejecución de sondeos «para dar más libertad al proyectista y mayor facilidad a las empresas de sondeos», permite de forma generalizada, sin tener en cuenta las condiciones específicas de cada zona, que la distancia entre captaciones pueda ser sólo de 100 metros.
Además, incrementa «sin justificación» las dotaciones para agricultura y ganadería y se equiparan jardines privados zonas de césped o piscinas como consumo agrícola, favorece los sondeos en la franja costera para nuevas urbanizaciones, rebaja considerablemente los requisitos técnicos para el correcto funcionamiento de las depuradoras, el control de los vertidos y la prevención de vertidos accidentales.
El plan también, indican los denunciantes, desprotegen las zonas húmedas, modifica la cartografía aprobada con anterioridad y especifica que tiene carácter provisional, lo que supone que «se puede modificar para favorecer intereses urbanísticos».
Recuperación
Por otro lado, se renuncia a recuperar las zonas húmedas degradadas que aparecían en la anterior delimitación, elimina cualquier obligatoriedad de gestión de la demanda, tanto en lo referente al consumo urbano como el agrícola, y la obligatoriedad de elaborar planes de gestión de la demanda.
Además, los partidos consideran un «hecho insólito» que el conseller de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, Biel Company, ordenara retirar el Plan Hidrológico aprobado anteriormente, pendiente solo de su ratificación por parte del Consejo de Ministros, y que había sido elaborado cumpliendo todas las exigencias de la normativa europea, «en un proceso de participación ciudadana ejemplar y con un grado elevado de consenso social».
Insisten en que el plan actual «tiene como objetivo principal la desregulación del dominio público hidráulico, infringiendo claramente estas directivas» para «favorecer la explotación urbanística del territorio y la extracción indiscriminada de agua, incluso de los acuíferos que se encuentran en peor situación real o potencial».
Por estas razones, los denunciantes reclaman a la Comisión Europea que inste al Gobierno central y a Baleares a no aplicar este Plan Hidrológico, y «que lleve a cabo todas las acciones legales pertinentes para modificar y adaptarlo a la legalidad comunitaria».
La denuncia de hoy se suma a la que ya han presentado varias organizaciones sociales y grupos de expertos.