El Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL) fue en 2013 la queja estrella que recibió el Defensor del Pueblo: 81 reclamaciones solicitaron la interposición de recurso de inconstitucionalidad, entre ellas la presentada por la Coapa.
En su informe, esta institución expresa su preocupación por el abuso de la figura decreto-ley y alerta al Ejecutivo balear del riesgo de invadir competencias legislativas.
La mayor parte de las quejas referidas al TIL expusieron «la inexistencia del presupuesto habilitante de extraordinaria urgencia y necesidad que requiere la aprobación» de este tipo de normas, cuestionaban «la conveniencia» de implantarlo en el curso 2013-14 así como «la insuficiente participación de los consells escolares de los centros s en la elaboración de los proyectos lingüísticos».
Inhibición
La institución que dirige Soledad Becerril señala su inhibición siempre que «los planteamientos se refieran a cuestiones relativas a la defensa del orden competencial derivado de la Constitución y los Estatutos de Autonomía». Y añade que «quienes son los titulares de las competencias supuestamente afectadas y tienen legitimidad para iniciar acciones en su defensa, son los que deben actuar. Sólo si la eventual inacción de los presuntos titulares de la competencia pudiera suponer un riesgo para el legítimo y pleno ejercicio de los ciudadanos (…) procedería la actuación subsidiaria del Defensor del Pueblo mediante recurso de inconstitucionalidad contra la norma competencial».
Esta institución expresa su preocupación por la frecuencia del uso del decreto-ley para «afrontar situaciones concretas que se consideran extraordinarias o para aplicar medidas inmediatas que se califican de urgentes, (…) lo que implica eludir la tramitación de los textos normativos y perder el sosiego y la ponderación de los intereses en presencia que conlleva el debate de los proyectos legislativos».
En 2013, las administraciones de las Islas entorpecedoras en las labores del Defensor fueron la Conselleria d'Agricultura y la Conselleria d'Educació, si bien respondieron al tercer requerimiento.
La cifra global de expedientes referidos a Balears tramitados en 2013 ascendió a 648: 469 fueron quejas y 179 recursos de inconstitucionalidad.