Tras cinco años de investigación, la magistrada cierra la investigación del 'caso Peaje' e inicia el trámite para que un jurado popular juzgue a 13 personas, entre ellas el exconseller de Obras Públicas del Consell, Antoni Pascual y el director insular de Carreteras, Gonzalo Aguiar. La instructora afirma en un auto notificado ayer que el Consell sufrió un perjuicio de 41,9 millones de euros en las obras para hacer de doble carril la carretera Palma-Manacor que se iniciaron en 2004.
El escrito notificado ayer a las partes supone el primer paso para la apertura de juicio mediante un jurado popular al imputar la magistrada a los trece encausados delitos de cohecho y de malversación de caudales públicos.
Cohecho
En el auto, la magistrada Ana San José afirma que los exaltos cargos: «Se prevalieron de su posición en el organismo prúblico, así como del control directo sobre las obras». Detalla que existen indicios fundados de que emplearon cinco procedimientos diferentes para defraudar esa cantidad. Estos van desde que las calidades de la obra fueran inferiores a las especificadas en el contrato a la realización de obras en las viviendas de los responsables políticos. La magistrada, por ejemplo, señala que el vigilante de la obra se benefició de trabajos en su docimilio en Petra por valor de 223.000 euros o que el exdirector general pudo hacer trabajos a cargo de la UTE en hasta tres propiedades suyas.