La Assamblea de Docents ha informado hoy de que estudiará acciones penales contra la Conselleria d'Educació en caso de que actúe por «vía sancionadora y sin cobertura normativa» contra los jefes de departamento de los centros educativos que han dimitido en las últimas semanas.
Según explica la Assemblea en un comunicado, el secretario autonómico de Educació, Guillem Estarellas, ha ordenado a los inspectores revisar cada una de las cartas de dimisión de los jefes de departamento y las posibles respuestas de los directores con la intención de dar a entender que estas dimisiones son irregulares, por lo que se podría «actuar en consecuencia».
Según la Assemblea de Docents, se trata de «la última campaña» de la conselleria «para intentar extender el miedo y la inseguridad sobre los docentes», en esta ocasión sobre los jefes de departamento de secundaria que han dimitido o los que se plantean renunciar.
Ante esta situación, los docentes han enviado instrucciones de la comisión jurídica a todos los centros educativos «para contrarrestar con información rigurosa la incertidumbre» intencionada que se ha generado con este hecho.
La información también tiene valor para los inspectores, que «también está sufriendo el maltrato de sus superiores y a los que la conselleria aspira a transformar en una partida de comisarios políticos, alejándoles de sus funciones», denuncia la Asamblea.
Insiste en que si la intención de Educación es «acusar a las personas que han dimitido por las causas de su dimisión, la conselleria vuelve a dar muestras de su desconocimiento de la ley y del gobierno de los centros educativos», ya que la normativa precisa que para presentar una dimisión sólo se exige presentar un «motivo».
La Assemblea recuerda que las últimas dimisiones de jefes de departamento forman parte de una campaña para expresar «el rechazo a la poca calidad humana y la nefasta calidad pedagógica con la que la conselleria está conduciendo la educación» de la islas.
Recuerda que en los dos últimos meses, desde el último expediente disciplinario, ha dimitido 131 jefes de departamento de 21 centros, sin contar las 60 renuncias anteriores.
«Se trata de unas dimisiones que no pretenden en ningún caso promover dejadez de funciones y que, al contrario de lo que ha manifestado varias veces la consellera (Joana María Camps), preocupan mucho a una conselleria que, al carecer de argumentos, recurre a la vía represiva», precisan los docentes.
La Assemblea reitera el derecho de los trabajadores a expresar su discrepancia respecto al «desgobierno y la inseguridad» de este departamento autonómico.