El STEI ha criticado que el sistema de contratación que se derivará de la aplicación de la LOMCE supondrá un «ataque a la transparencia» así como a la igualdad de oportunidades entre los aspirantes a ocupar las plazas docentes, y todo ello «con la excusa de promover nuevos proyectos de calidad, la especialización curricular y la búsqueda de la excelencia».
En un comunicado, la entidad sindical ha recriminado que a partir de la potenciación de la asunción de más competencias por parte de los directores, se podrán perfilar las plazas del profesorado de cada centro, tanto para la inclusión de nuevo profesorado como para el mantenimiento de la continuidad de cada claustro, lo que posibilitará una contratación de profesorado «en desigualdad de condiciones».
En este contexto, el STEI recuerda cómo el artículo 122 bis de la LOMCE, relativo a 'Acciones destinadas a fomentar la calidad de los centros docentes', otorga a los directores las competencias para establecer requisitos y méritos específicos para los puestos ofertados de personal funcionario docente, así como la ocupación de puestos en interinidad; además de rechazar la incorporación a puestos en interinidad de personal docente procedente de las listas centralizadas.
«Desde el STEI denunciamos que esta manera de acceder al ejercicio docente fomentará la contratación 'a dedo', ya que los méritos exigidos para cada puesto de trabajo podrán ser creados expresamente para favorecer determinadas adjudicaciones», lamenta el sindicato.
En contra de este modelo, el STEI defiende «la lucha contra el nepotismo y la corrupción», al considerar que la transparencia «debe regir las adjudicaciones de plazas y las comisiones de servicios. Apostamos por un modelo donde los directores de los centros no tengan que asumir ese papel discriminador y donde todos los docentes puedan optar a las plazas sin sufrir desventajas».
De forma paralela, el STEI y su confederación han llevado la LOMCE a la Defensora del Pueblo al ver indicios de «anticonstitucionalidad», puesto que la nueva ley educativa «contradice principios básicos de la Constitución, como el derecho universal a la educación (en aceptar la libre elección de centro), la no discriminación de los alumnos (cuando permite la separación de sexos en las aulas), la autonomía los centros (que queda gravemente restringida) o la defensa de las lenguas propias (en condicionar su uso como lenguas vehiculares de la enseñanza)».
Así las cosas, desde el STEI señalan que emprenderán cualquier vía para denunciar la LOMCE y sus postulados al considerarla «una ley regresiva que promueve el elitismo y que atenta contra el espíritu inclusivo que debería tener el sistema educativo». En este sentido, han mostrado su apoyo al recurso de anticonstitucionalidad de la LOMCE que han presentado el PSOE y varios gobiernos autonómicos, reclamando que, «al haber alternancia de las mayorías políticas actuales, los partidos que accedan al poder mantengan el compromiso que adquirieron de derogar esta ley».