La presidenta del Parlament apeló ayer a la unidad de las formaciones políticas para poder reclamar a Madrid un sistema de financiación más justo. Lo hizo en el acto de conmemoración del XXXI aniversario del Estatut, que tuvo lugar en el Parlament, y al que asistieron las principales autoridades de las Islas.
El acto institucional no lo inició la presidenta sino cuatro niños que leyeron otros tanto artículos del Estatut. Tres de ellas eran niñas de países europeos que residen en las Islas y el cuarto, un niño que estudia en la ONCE debido a sus problemas de visión.
El discurso
Por lo que respecta a la intervención de Durán, señaló que ya ha llegado el momento de corregir el desequilibrio fiscal que sufre Balears y que le perjudica en su desarrollo como comunidad. Añadió que la desigualdad en la financiación de las competencias autonómicas, como educación servicios sociales o sanidad, «suponen una injusticia porque compromete el ejercicio de los derechos básicos que otorga la Constitución y el Estatut».
Durán aprovechó el aniversario de la ley fundamental balear para defender la vigencia de un Estatut que otorga a los ciudadanos «el derecho a decidir nuestro futuro» gracias a las instituciones de autogobierno que en él se despliegan.
Opinó que ha llegado el momento de difundir un mensaje positivo del autogobierno como elemento de progreso y afirmó que el Estatut permitió que el Parlament balear se convirtiera en el máximo órgano de pluralidad y de expresión democrática de un pueblo «con una historia, una lengua y una cultura propias que debemos conocer y defender».
La presidenta de la Cámara aseguró a los más de 200 invitados presentes que ha llegado el momento de contribuir a mejorar la credibilidad de los políticos y apostar por la plena transparencia «para que la ciudadanía vuelca a confiar plenamente en sus representantes y en las instituciones públicas».
Economía
Margalida Durán se refirió además a la complicada situación económica que atraviesa Balears en estos momentos y reclamó la implicación de todas las instituciones públicas para desarrollar políticas destinadas a la creación de puestos de trabajo.