El Ajuntament habilitará una línea de ayudas para que las personas en riesgo de ser desahuciadas puedan pagar la hipoteca o el alquiler. La regidora de Benestar Social, Aina Ferriol, adelantó que Cort dará un máximo de 2.900 euros anuales, en función de la renta, «para aminorar las cuotas que pagan las familias por la hipoteca o alquiler y contribuir a que no tengan que dejar sus hogares». Los técnicos municipales están trabajando en los criterios para acceder a estas ayudas. La regidora sí avanzó que será una de las nuevas prestaciones del catálogo, que se encuentra en revisión. En 2014 esta nueva línea de ayudas tendrá un presupuesto de 750.000 euros, procedentes de la partida de cobertura de necesidades básicas, que asciende a 3,9 millones.
Discapacitados. Ferriol también aseguró que el transporte de personas discapacitadas, que el lunes pasará a ser ofrecido por el Consell de Mallorca, está garantizado. Además, Cort se comprometió a pagar un máximo de una cuarta parte del precio/plaza que establece la institución insular; oscila entre el 70-80 %. El PSOE exigió a Cort que preste el servicio como mínimo hasta el 31 de julio, porque se había comprometido. La socialista Virginia Abraham destacó que «muchas familias que han participado en el pleno todavía no sabían si el próximo lunes dispondrán de servicio, cómo y cuánto pagarán». El coordinador de Discapacidad del IMAS, Tolo Márquez, aseguró que no tienen ningún problema en asumir el traslado de casi 90 personas, si se adaptan a su modelo (pago por plaza a las entidades), ya que trasladan a muchas otras desde hace más de 10 años. Añadió que le consta que la mayoría de afectados han contactado con las empresas de transporte y salvo 2-3 personas, todas tienen solucionado el desplazamiento.
Mediadores sociales. La titular de Benestar Social comunicó que se prorrogará el contrato de servicio de Integración y Atención a la Discapacidad, que finaliza el 31 de julio; así como que el lunes se incorporarán cuatro nuevos trabajadores a los servicios sociales.
El regidor de Més, Antoni Noguera, denunció las ratios de los servicios sociales y aseguró que cada trabajador lleva entre 40 y 70 casos. También lamentó las dificultades para pagar las ayudas económicas en diciembre y enero. Abraham criticó que hay listas de espera de dos meses. «Las cosas no están funcionando, se nos está escapando de las manos», lamentó.
Casino. El casino fue otro de los puntos más polémicos del pleno. El socialista José Hila criticó la gestión de la adjudicación del casino y aseguró que las propias bases del concurso, que decían que el casino tendría que tener como mínimo 700 metros cuadrados, incumplían la ordenanza de usos del centro histórico, que no permite más de 350. Además, reprochó al teniente de alcalde de Turismo, Álvaro Gijón, que en el informe de Platja de Palma especificase que «la parcela es compatible en cuanto a usos y servicios», aunque precisó que sobre consideraciones urbanísticas se pronunciría «cuando se cuando se conozcan las características concretas del proyecto». Sin embargo, en el informe del Bingo Balear, sólo dice lo último. Hila también recriminó que en Cort firmase los informes un político y en Cort un técnico.
Gijón culpó al promotor por no haber pedido información a Cort y reprochó al Govern que no hubiese en la mesa de contratación técnicos de los ayuntamientos de Palma y Calvià; sí había de la Felib y el Consell de Mallorca representando a todos los consistorios de la Isla. El titular de Turismo también criticó que el Ejecutivo autonómico no le entregase los proyectos urbanísticos, pese a la solicitud de Cort. Además, subrayó que el Ajuntament de Calvià se pronunció sobre un suelo rústico que no es de su competencia, así como que el Consell de Mallorca tampoco advirtió que la ordenanza de Palma impedía el proyecto del Bingo balear.