PSOE y Més, los grupos de oposición en Cort, reclamaron ayer que «cambien los criterios restrictivos que funcionan hoy en la Oficina de Intermediación Hipotecaria que solo permiten atender a quienes están en el umbral de la exclusión social y no a familias que con apenas 14.000 euros de ingresos también están en situación dramática».
Frente a esas acusaciones, el equipo de gobierno dio a conocer la carta que el alcalde Isern ha remitido a entidades bancarias, en el que les reclama que «tomen las medidas necesarias para ofrecer, de inmediato y a precios sociales, las viviendas de su propiedad que, por cualquier causa permanezcan vacías y sin visos de ser comercializadas».
En el cruce de declaraciones de ayer el PSOE y Més habían insistido en que ni la Oficina de Intermediación -puesta en marcha por acuerdo con el Colegio de Abogados de Balears- ni la declaración de Palma como «ciudad libre de desahucios», impulsadas por acuerdos plenario unánimes de Cort «no están siendo útiles a la mayoría de los ciudadanos que cada vez en mayor número van a perder su vivienda en alquiler o en hipoteca, porque entre otras cosas se ha recortado desde 2012 a título presupuestario el programa Palma Habitada que estaba destinado a dar una solución a su problema con la disposición de pisos en los que pudieran sobrevivir».
Fuentes de la mayoría de gobierno señalaron a este diario que el programa Palma Habitada tiene destinado este año un presupuesto de 1,6 millones de euros, «susceptibles de ser ampliados en todo momento por la grave situación social que vivimos».