La secretaria general de FETE-UGT, María Alarcón, ha planteado que si la Conselleria tiene una intención negociadora con respecto al tratamiento integrado de lenguas (TIL) se tiene que empezar «de cero».
Así lo ha destacado, en relación con la Mesa Sectorial de Educación convocada este martes para consensuar el borrador del anteproyecto de la orden de desarrollo del Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL) y debatir el pacto de estabilidad de los funcionarios interinos.
El sindicato argumenta que el borrador de orden desarrolla aspectos que FETE-UGT recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y que este aceptó. El TSJIB suprimió el calendario de aplicación y como consecuencia de esto, el Gobierno dictó lo «decretara», según ha destacado el sindicato en un comunicado.
Por esto, apuntan que «no tiene sentido negociar y hacer aportaciones a este borrador de orden que sigue la línea del primer calendario que suspendió el TSJIB». Además, la organización sindical se pregunta cómo se puede preparar una orden de aplicación de algo que ya está implantado.
Asimismo, Alarcón ha dicho que se desconoce la existencia de ningún estudio serio sobre aspectos pedagógicos que justifiquen su implantación. Es más, según destaca, es «al contrario», ya que «hay estudios que muestran claramente los resultados negativos que ha tenido este tipo de proyecto a comunidades autónomas donde se ha hecho de manera voluntaria y progresiva».
MESA TECNICA DE EXPERTOS
Por ello, FETE-UGT ha propuesto a la Conselleria, igual que lo hizo a la Junta de Personal Docente, la creación de una Mesa Técnica de Expertos para definir un modelo lingüístico de enseñanza. El objetivo es definir un proyecto con criterios pedagógicos que sea un referente para la administración educativa, respetando el decreto de mínimos y la participación de los consejos escolares.
Con respecto a los trabajadores interinos, el sindicato ha manifestado la necesidad de negociar un nuevo pacto de interinos, puesto que la prórroga ha provocado una gran división dentro del colectivo y dificulta la transparencia de las adjudicaciones.