El Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJB) ha estimado un recurso interpuesto por UGT contra el incremento salarial aprobado en julio de 2011 por el Govern para seis cargos de confianza del president y lo ha anulado con una dura sentencia que califica la actuación del Ejecutivo de Bauzá de «despropósito» y de «discriminación arbitraria».
El sindicato UGT manifestó ayer su satisfacción por la sentencia de la sala de lo Contencioso Adminsitrativo del TSJB. «El Govern ha incumplido los preceptos legales que él mismo había adoptado en las medidas de recorte para los empleados públicos», afirmó ayer el secretario general de la FSP-UGT, Aurelio Martínez.
La sentencia afecta a seis personas que trabajan como personal eventual asignado a la Presidència del Govern. Los trabajadores son los responsables de la Oficina de Coordinación del gabinete del president y las secretarías de Comunicación, Atención Ciudadana, Protocolo y Relaciones Públicas y Presidencia.
«Mientras a ellos se les subía el sueldo, se ponían en marcha numerosos recortes y se estaba despidiendo a 1.200 empleados públicos», explicó ayer Miguel Ángel Romero, sercretario de Acción Sindical de la FSP-UGT. «Estos trabajadores deberán devolver lo que cobraron de más durante un año, desde que les subieron el sueldo hasta que el 13 de julio de 2012 el TSJB suspendió cautelarmente el aumento», apostilló Romero.
Los sindicalistas puntualizaron que la cuantía a devolver es de 4.000 a 7.000 euros cada uno, cerca de 40.000 euros en total, y aunque no es significativa, apuntan que la importancia de la misma es que «se discute el hecho, no el volumen que supone para las arcas públicas, porque es sencillamente inmoral, indigno e insultante para los empleados públicos», afirmaron.
La sentencia señala que en tiempos de crisis, cuando se exige a toda la sociedad un sacrificio personal, «la transparencia y la ejemplaridad de la actuación de cualquier gestor deviene fundamental y es exigible a todos los responsables públicos».
El Govern anunció que «casi con toda seguridad» recurrirá la decisión ante el Tribunal Supremo al entender que la sentencia del TSJIB es errónea. «Este gobierno cree que las cosas se hicieron bien porque no hubo ninguna subida de sueldo», afirmó el vicepresident del Govern y conseller de Presidència, Antonio Gómez, quien añadió que consultarán su decisión con los servicios jurídicos del Govern.
El número dos de Bauzá afirmó que el Ejecutivo respeta la decisión judicial, pero no está de acuerdo con su criterio. Recordó que, nada más llegar al Govern, Bauzá redujo el gabinete de Presidència con respecto al de Francesc Antich. El equipo de Antich estaba formado por 16 personas y el gasto era de 735.352 euros al año. El de Bauzá lo conforman 8 personas con un coste de 380.289 euros. El Govern argumenta que hay un error en la atribución de funciones. Martí Juaneda, cap de l'Oficina de Coordinació del Gabinet, con un sueldo inicial de 52.764 euros, hace la función de un director general, que cobraba 53.464 euros. Sin embargo, el TSJIB lo considera un asesor y le asigna un sueldo de 46.283 euros.
Una cosa parecida sucede con Helena Rubí, cap de la Secretaria de Comunicació, y con Verónica Hernández, cap de la Secretaria de Presidència: sus sueldos eran de 50.023 euros, pero el tribunal dice que les corresponden 46.283. A María José Vadillo, secretaria, los tribunales le reconocen un sueldo de 29.070 euros y no los 35.164 que se decidió a principios de legislatura.