La infanta Cristina tendrá unos días de tregua tras su declaración. La comparecencia ante el juez Castro no altera el guión previsto para el futuro del ‘caso Nóos' y, una vez superado el trámite las partes aguardarán a que el magistrado cierre la investigación y a que decida qué hacer con la hija del Rey.
Lo que por el momento se descarta casi por completo tanto por parte de la Fiscalía como por la defensa de Cristina de Borbón es plantear una petición de archivo en los próximos días. Según fuentes de ambas partes se da por hecho que en el punto en el que se haya la instrucción -a punto de finalizar- esta petición carece de sentido. Por lo tanto lo que se espera es que el magistrado cierre ya esta fase y dicte un auto, el de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado. Este paso es similar al procesamiento y en él Castro deberá decidir si mantiene o no a la Infanta dentro de la trama de Nóos. A diferencia de la imputación, para la que se requerían meros indicios de su participación, en esta ocasión se requieren datos más sólidos sobre la participación de un implicado en los delitos que se investigan. Este hecho refuerza las opciones para que -en el caso de que se mantengan los cargos- las partes que sostienen la inocencia de la Infanta puedan acudir con más garantías a la Audiencia Provincial en un hipotético recurso.
Delito fiscal
En ese posible debate sobre la imputación de la Infanta al final de la instrucción los argumentos principales aún serían los posibles delitos fiscales. Los argumentos sobre si las acusaciones populares serían suficientes para abrir juicio contra la Infanta tendrán más peso en un estadio posterior: el del auto de apertura de juicio oral. Entonces habrá que dilucidar si con las controvertidas doctrinas ‘Botín' y ‘Atutxa' del Supremo, Manos Limpias y el Frente Cívico de Julio Anguita se bastan para mantener la acusación contra Cristina en una vista oral.
La instrucción del ‘caso Nóos' está prácticamente finalizada. En los próximos días el juez Castro tendrá que decidir sobre algunos flecos pendientes, como la petición de la defensa de Diego Torres para que declaren en la causa el ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallarón o el exministro de Economía Pedro Solbes. A esta petición se ha opuesto la Fiscalía y sólo la apoyan las acusaciones populares. La nueva parte personada la semana pasada, el Frente Cívico, también ha anunciado que solicitará nuevas diligencias en la causa. Lo cierto es que, por el momento, tras las diligencias realizadas hace diez días en Valencia el juez no tiene ninguna diligencia señalada más que una posible segunda ronda de preguntas al expresidente valenciano Francisco Camps tras sus elusivas declaraciones por escrito.