La baza de la defensa en el interrogatorio a Cristina de Borbón fueron seis actas de juntas de Aizoon. En todas ellas, el abogado Jesús Silva mostró a su representada la firma de Iñaki Urdangarin. En todas ellas, la Infanta aseguró que esa no era la rúbrica de su marido. Con esto, la defensa quiere dar a entender que además de Urdangarin y la Infanta en la gestión económica de los bienes de la familia participaban otras personas y quitar así valor a varios de los indicios que Castro esgrimió contra la Infanta, entre ellos su propia participación en estas juntas directivas de la empresa en la que poseía un cincuenta por ciento de las acciones.
El interrogatorio de la defensa fue bastante sucinto y en él además insistieron en poner de relevancia la enorme actividad que, según ellos desplegaba Cristina. La Infanta manifestó que además de ocuparse de sus cuatro hijos asistía de media a unos cien actos oficiales al año, dos por semana y que muchos de ellos implicaban viajes, lo que descartaría que tuviera capacidad para implicarse en el detalle de la gestión de Aizoon y del resto de la trama empresarial de su marido. «Ama de casa, infanta, madre y trabajadora de La Caixa» fue el resumen de sus actividades que quedó hecho a instancias de la defensa.
Fiscal
Por su parte, el fiscal Pedro Horrach articuló su interrogatorio a la infanta Cristina de manera provocativa para el juez Castro. El representante del Ministerio Público pidió que se mostrasen en la sala varios folios de la causa: todos ellos resultaron ser el primer auto que hizo el instructor sobre la implicación de la hija del Rey en la causa. En él se la exculpaba. Horrach leyó varios párrafos de este documento y pidió a la Infanta que se pronunciara sobre si estaba de acuerdo o no con su contenido, a lo que, obviamente ésta respondió que sí. Castro, contrariado por esta situación, también preguntó a la Infanta si estaba o no de acuerdo con afirmaciones del último auto en el que la imputaba, a lo que Cristina respondió con una evasiva. El fiscal le había interrogado antes: «¿Sabe de qué delito fiscal se le acusa?». La Infanta contestó con un no, a lo que Horrach apostilló: «Pues yo tampoco».
La hija del Rey negó durante el interrogatorio que supiera que su marido era socio al cincuenta por ciento de Nóos Consultoria junto a Diego Torres. Esta es la empresa que la trama utilizó para adquirir varios inmuebles en Palma, a través de los cuales el magistrado había articulado el posible delito de blanqueo de capitales del que la imputa. Este ilícito requiere que quien lo cometa sepa que se está invirtiendo un dinero que proviene de un delito.
Ignorancia fiscal
También intervino en el interrogatorio la abogada del Estado, Dolores Ripoll. Ésta se centró en indagar sobre los conocimientos en materia tributaria de la Infanta, para demostrar que no podía haber colaborado en el fraude que se imputa a su marido. Le formuló preguntas como si conocía el programa PADRE (de ayuda para elaborar la declaración de la renta) o si sabía que la cuota del IRPF es mayor que la del Impuesto de Sociedades. La Infanta afirmó que desconoce estos aspectos y que nunca ha elaborado en persona sus declaraciones fiscales sino que cuenta con asesores en este sentido.
Estas fueron las tres partes a las que respondió la Infanta por la tarde, una sesión mucho más breve que el largo interrogatorio al que le había sometido el magistrado durante la mañana. La hija del Rey rechazó contestar a las preguntas que pudieran formular el resto de defensas y las dos acusaciones populares, que quisieron dejar por escrito sus cuestiones. La intervención de la abogada de Manos Limpias, Virginia López Negrete fue cortada después de que las partes protestaran cuando derivó en un alegato de la letrada en lugar de en una simple lectura de sus preguntas.