La infanta Cristina estará en el juicio del ‘caso Nóos' aunque no necesariamente como acusada. La Fiscalía reclamará a la hija del Rey el pago de 600.000 euros en la vista, es decir la cantidad de la que se habría beneficiado personalmente y que corresponde a la facturación entre 2004 y 2006 de la sociedad Aizoon, de la que es copropietaria con su marido Iñaki Urdangarin. Aizoon ingresó 854.732,36 euros de la maraña de empresas del Instituto Nóos, según consta en el sumario de la causa.
El ministerio público sostiene que no hay indicios para juzgar como acusada a la Infanta.
Ahora bien, sí que tendría que responder como partícipe a título lucrativo. Esta figura permite que se reclamen cantidades a aquellas personas que se han beneficiado económicamente de un delito en el que ellos no han participado.
Esta figura legal implicaría que la Infanta tendrá que estar en el juicio al menos representada por un abogado y un procurador. No necesariamente tendría que acudir en persona, si bien es un tema que admite interpretaciones por parte de la Sala juzgadora.
La posibilidad de reclamar esta cantidad a Cristina de Borbón ya fue esbozada por el fiscal en uno de sus últimos escritos en los que rechazaba su imputación.
Indicios
El propio juez Castro en el auto en el que la citaba, también valoraba esta opción en caso de que se despejaran los indicios en su contra. Formalmente el ministerio público planteará esta reclamación en su escrito de conclusiones provisionales, esto es, una vez que se cierre la instrucción planteará contra quién quiere mantener una acusación formal en el juicio del ‘caso Nóos' y a quién reclama responsabilidades civiles.
La participación a título lucrativo se ha planteado ya en otros juicios por corrupción en Mallorca. En el ‘caso Can Domenge', la empresa que acudió al concurso con Sacresa fue condenada a abonar una parte por este concepto. En el ‘caso Funeraria', a la mujer del exgerente de la empresa también se le reclama una cantidad por este mismo motivo.
En lo que atañe a la Infanta, el juez Castro considera que es presuntamente responsable de un delito de blanqueo de capitales como consecuencia de la presunta ilegalidad del dinero que obtuvo Aizoon. También le imputa un delito fiscal.
El fiscal Pedro Horrach señala en el último escrito presentado ante el juez que el requisito previo para imputar un delito de blanqueo de capitales es tener conocimiento del origen delictivo de los fondos, cuestión que no se da, en absoluto, en el caso de la infanta Cristina de Borbón.