El director del IES Marratxí, Jaume March, ha presentado un recurso contencioso administrativo para la protección de derechos fundamentales, en el que se solicita la anulación de la medida cautelar de suspensión de su función de director. Para ello ha contado con la asesoría jurídica de la UGT, de la que es afiliado, y que también presentará en su nombre alegaciones al segundo expediente, como ya se hizo con el primero.
March explicó que el recurso se basa en tres posibles vulneraciones de derechos fundamentales: el primero, el que recoge el artículo 24.2 de la Constitución, sobre la presunción de inocencia, «porque tanto a los directores de Menorca como a mí, primero se nos sanciona y luego, ya veremos», lamento.
El recurso se basa también en la vulneración del artículo 24 de la Constitución, que define el derecho a la tutela judicial efectiva, y del artículo 25.1, «que expresa el derecho a no ser sancionado por ilícitos administrativos que, en el momento de la incoación, no constituyen infracción».
El director defendió que el expediente que abrió a una alumna por grabar una conversación con el jefe de estudios entraba dentro de sus funciones como director y, por tanto, no se le puede suspender por este hecho. «Se están extralimitando al interponer medidas cautelares», declaró.
El sindicato rechazó «el uso que hace la Administración de su poder legal para coaccionar, silenciar, abusar de su autoridad y crear indefensión». Su secretario general, Manuel Pelarda, reconoció que «nunca hubiera imaginado que en pleno siglo XXI aún hablaríamos de represaliados en el ámbito educativo».