El titular del Juzgado de Instrucción 2 de Palma, Pedro Barceló, ha decretado el sobreseimiento provisional de la querella contra la cúpula de la Conselleria de Salut, encabezada por su titular, Martí Sansaloni, por el fallecimiento en abril de 2013 de Alpha Pam, un inmigrante ‘sin papeles', senegalés, que carecía de tarjeta sanitaria. Alpha Pam murió en el hospital de Inca por una tuberculosis que no le fue diagnosticada.
La querella contra Sansaloni, el director general de Salut Pública Luis Rafael Santiso, el titular del IB-Salut, Miguel Tomás Gelabert y el entonces gerente de la Fundación Hospital Comarcal de Inca, Fernando Navarro, fue presentada por Derechos Humanos de Mallorca, el sindicato CGT, la Asociación de Senegaleses de Mallorca y apoyada por UGT.
El argumento central de la querella residía en el «burdo sistema de exclusión del sistema de sanitario a los extranjeros no autorizados como residentes».
Los ilícitos penales mencionados en la querella son discriminación denegatoria de una prestación de carácter público, prevaricación, coacciones, homicidio imprudente y revelación o violación de secretos.
El auto
El juez rechaza el alegato de los abogados de los querellantes, Pablo Alonso de Caso y Antonio Lázaro, y subraya que «no resulta debidamente justificada la perpetración de los delitos» que dieron lugar a la formación de la causa.
El magistrado califica de «burda» la tesis de que se produjeron «serias disfunciones en la atención sanitaria de un importante número de personas extranjeras», y se remite al Ministerio Fiscal al afirmar que la querella «no pretende descubrir la verdad sino, simplemente, instar una causa general contra los altos cargos de la Conselleria de Salut».
Recuerda, asimismo, que un juzgado de Inca está investigando una querella por homicidio imprudente, «en cuyo partido judicial se produjo su atención médica (de Alpha Pam), diagnóstico y fallecimiento», y que él no es competente en esa causa. El juez, también, solicita al Colegio de Abogados que sancione a los letrados querellantes por su «irrespetuosa actitud y las falsas críticas alusivas a la pasividad laboral de este juez».
El decano, Martín Aleñar, confirmó ayer a Ultima Hora que la denuncia del juez será analizada por la Junta de Gobierno, aunque adelantó que el Colegio suele «ser muy tolerante con los excesos que se cometen en el ejercicio del derecho de defensa».
Las asociaciones querellantes, por su parte, han anunciado que interpondrán un recurso contra el auto ante la Audiencia de Palma.