El PI presentó ayer sus alegaciones al borrador de decreto que desarrolla la Ley 9/2013 de Símbolos, en las que solicita la retirada y archivo del mismo «por su manifiesta y clara ilegalidad».
Por lo pronto, el PI considera «totalmente insuficiente» la justificación de la tramitación urgente del borrador. Centrándose en la ley, entiende que de la lectura literal de sus artículos 2 y 4 se desprende que el uso de símbolos acordados por las corporaciones locales «no está sujeto a la autorización de la conselleria competente». Y añade: «Que una administración quiera tutelar, en contra de lo que dice la ley, a las entidades locales nos retrotrae a tiempos superados». A partir de ahí, el PI defiende que el borrador se opone a la norma. El propósito del primero, explica, es desarrollar el artículo 4 de ésta y dispone que los símbolos representativos de declaraciones oficiales de interés local «son aquellos que una vez declarados por el órgano competente sean asumidos expresamente por el Govern». Pues bien, se alega que «el borrador está diciendo lo contrario que lo dice la ley, ya que dispone que han de ser autorizados por el Govern, 'ser asumidos' no es más que una expresión tras la que se esconde un control administrativo inexistente en la ley.
Por último, se alega contra la deficiente regulación jurídica del procedimiento planteado, pues en el trámite de «asunción» del símbolo local por parte del Consell de Govern no establece plazos ni el sentido del silencio administrativo. En consecuencia, el PI califica esta regulación de «caos y calamidad jurídica que sólo genera inseguridad jurídica. «La histeria partidista para la contestación social a determinadas políticas no puede degenerar en una práctica administrativa carente de elementos esenciales», se apunta.