El próximo lunes 20 entra en vigor la Llei 9/2013, de 23 de desembre, sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, más conocida como Llei de Símbols, y a estas alturas reina la confusión entre muchos centros educativos sobre lo que esta ley les permite o no tener visible.
La ley fue redactada precisamente para combatir los lazos y banderas cuatribarradas colgadas desde finales del curso pasado en muchos colegios e institutos, de forma permanente o puntual, en protesta por la política educativa.
En estos momentos, son pocos los centros que aún mantienen algún tipo de símbolo susceptible de ser retirado y, en principio, todos ellos acatarán la ley. Pero aunque los directores tienen claro, en general, que los lazos o banderas cuatribarradas no podrán exponerse en el centro, no resulta evidente qué pasa con otros tipo de elementos, como murales, pancartas, cuadros o carteles, por ejemplo, relativos a la huelga o a la defensa del catalán. El artículo 4 de la ley establece que: «La utilización o colocación de cualquier otro símbolo diferente de los descritos (...) deberá ser autorizado por la Conselleria competente» y ahí entran los lazos verdes de la lucha anti TIL.
Así, lo directores de centro han acordado que consultarán por escrito a Educació sobre todos estos materiales ya expuestos o futuros, explicó Antoni Morante, presidente de la Asociación de Directores de Secundaria de Mallorca. «Exigiremos respuestas por escrito, porque genera mucha inseguridad jurídica, quien decide lo que se considera un símbolo son ellos», apuntó.
Por el momento, Educació no ha dado ninguna orientación, argumentando que la ley ha sido redactada desde Vicepresidència, pero serán los inspectores educativos los que deberán velar por el cumplimiento de una ley que contempla sanciones muy graves. Aunque no está previsto que salgan a la calle a partir del día 20.
Desde Vicepresidència sí se aclaró que los lazos o banderas expuestos en las webs no están afectados por la ley, por cuanto ésta sólo regula «bienes inmuebles o muebles afectos a los servicios públicos de la Comunitat».