Miquel Roca y Jesús María-Silva, abogados de la infanta Cristina, sostienen en el escrito que presentaron en diciembre a instancias del juez José Castro, que su cliente «confió absolutamente en la gestión de su marido (Iñaki Urdangarin)», y que, asimismo, «no hay ningún indicio de que pudiera sospechar que los fondos de Aizoon tenían su origen en un hecho delictivo».
Los letrados ya han anunciado que recurrirán el auto de imputación de la hija del Rey en el que se le atribuyen un delito fiscal y otro de blanqueo de capitales a través de un escrito en el que insistirán en los argumentos ya expuestos.
«(Aizoon, propiedad de los duques de Palma) es una empresa de reducidas dimensiones y de caracter familiar», explican los abogados en su escrito. «Pero, precisamente en casos así se manifiesta de modo usual una plena confianza del socio en la bondad de la gestión del administrador y en la corrección de sus decisiones en materia contable y fiscal, máxime teniendo en cuenta que S.A.R. Dña Cristina Federica de Borbón no cuenta con formación específica sobre tales materias», añaden.
La defensa de la esposa Urdangarin, que ayer tarde ya mantuvo una reunión con ella en Barcelona, rechaza de manera rotunda los indicios expuestos por el juez sobre los dos delitos que le atribuye.
Destacan que «la mera condición de socia» de la Infanta en Aizoon «en absoluto cabe inferir la existencias de indicios de una posible participación activa» en los delitos mencionados.
Roca y Silva argumentan, asimismo, que no hay datos que indiquen que la hija menor del Rey pudiera haber cometido directamente un delito contra la Hacienda Pública a través de la mercantil Aizoon SL porque nunca administró la sociedad, ni tampoco de que lo hiciera a título de partícipe.