La directora del Institut Balear de la Dona (IBD), Isabel Llinás, se desmarcó ayer abiertamente de la reforma de la Ley del aborto que impulsa el ministro Gallardón y reveló que la propuesta, que de momento sólo es un anteproyecto, ni siquiera fue discutida en los órganos internos del partido. Llinás mantiene frecuentes reuniones con colectivos de mujeres y participa en foros específicos del Partido Popular (PP) y por eso está al tanto de las propuestas que se relacionan con el área que dirige en Balears.
La valoración de la directora del IBD parece ser sólo la punta del iceberg de un rechazo más amplio. Este diario ha conversado con cargos del partido que se muestran radicalmente en contra. Incluso, con representantes ejecutivos de distintas administraciones que están abiertamente contrarios en privado pero que han solicitado que, por el momento, no se haga público.
La consellera de Família y Benestar Social, Sandra Fernández, (de quien depende orgánicamente el IBD), admite que hay división de opiniones en el partido y considera que «eso es lógico, ya que abarca un amplio espectro ideológico». Fernández se muestra convencida que, durante su paso por el Parlamento, el proyecto cambiara. Excusó dar su opinión personal. Pero lo hizo de un modo que da a entender su opinión: «Prefiero hablar en el seno del partido y quienes me conocen saben que soy discreta en el exterior pero muy reivindicativa dentro».
Para la consellera insular de Medi Ambient de Mallorca, Catalina Soler, «el no nacido también tiene derechos». Sin embargo, es partidaria de mantener los mismos supuestos que se aprobó en la época de Felipe González.
Voto en conciencia
Esa ley de tres supuestos -luego reformada por el Gobierno de Zapatero- debería ser el mínimo a la hora de incluir cambios, según Isabel Llinás, que recuerda que «PSOE y PP pactaron esa ley y ha funcionado durante 30 años». Para Llinás, «cuando se legisla sobre personas hay que buscar el consenso y yo pienso que esta ley no se puede aprobar sin acuerdo entre los dos partidos mayoritarios».
«Para una mujer siempre es difícil abortar, tanto por cuestiones personales como por la propia ley. Además, el anteproyecto de Gallardón impone más restricciones», asegura. Según Llinás, hay cuestiones de la ley vigente que sí podrían ser susceptibles de cambiar. Así, señala que no está de acuerdo con el hecho de que mujeres menores de edad puedan abortar sin consentimiento familiar. Pero más allá, precisa, la norma debe ser abierta. Mientras tanto, el Govern, ni ninguna administración insular, tiene una opinión formal sobre el asunto. Prefieren esperar al debate parlamentario. Todas las fuentes consultadas dan por hecho que habrá cambios. El presidente del Consell de Eivissa y diputado autonómico, Vicent Serra, se mostró favorable hace unos días a modificar el anteproyecto ya que lo considera un retroceso.
La oposición aprovechará ahora esta aparente división en el PP y presentará mociones. Según un portavoz del PSIB, «propondremos el voto secreto para que puedan actuar según su conciencia».