Tres años después del caos en los aeropuertos españoles en el Puente de Constitución de 2010, provocado por el supuesto abandono de funciones de los controladores aéreos, la causa judicial sigue abierta en el Juzgado de Instrucción 1 de Palma.
La última diligencia de prueba la firmó el pasado mes de septiembre el juez Juan Manuel Sobrino, quien acordó que una comisión judicial se desplazara al centro del control de Son Sant Joan para escuchar las grabaciones de las cintas con las conversaciones de los controladores entre los días 3 y 5 de diciembre de 2010. La defensa de un grupo de controladores, sin embargo, se opone a la práctica de esa diligencia, pese a que fue autorizada por la Audiencia de Palma, porque «vulnera sus derechos fundamentales».
El juez Sobrino dictó esa resolución cuando sustituía al titular del juzgado Juan Catany, pero ahora desempeña esas funciones la jueza Ana Camaselles, que debe pronunciarse si considera necesaria esa diligencia para determinar si los controladores incurrieron en un delito al dejar atrapados a miles de pasajeros en los aeropuertos, entre ellos, los de Balears.
El auto judicial que acuerda el desplazamiento de una comisión al centro del control de Son Sant Joan señala que de las cintas se van a expurgar las conversaciones meramente privadas y que no tengan relevancia para la causa por tener caracter reservado. La resolución considera justificado que esas conversaciones sean conocidas «para determinar si existió o no un concierto previo» entre los controladores de Balears.