La Direcció General de Treball i Salut Pública, que dirige Nofre Ferrer, gestiona casi 5 millones de euros en ayudas para incentivar la contratación de personas de los colectivos más vulnerables.
Se trata de dos líneas de subvenciones, una destinada a la integración laboral de personas con discapacidad y la otra a incentivos a la contratación de personas pertenecientes a colectivos calificados como ‘prioritarios'.
La integración laboral de personas con discapacidad se puede llevar a cabo en centros especiales de empleo o a través del mercado ordinario de trabajo.
Las subvenciones destinadas a los costes salariales de las personas con discapacidad que trabajan en centros especiales de empleo equivalen al pago del 50 % del salario mínimo interprofesional y las destinadas a eliminación de barreras arquitectónicas son de 1.805 euros por puesto de trabajo adaptado.
Además, hay subvenciones destinadas a la financiación de los costes salarios y de Seguridad Social del personal destinado a las unidades de apoyo a la actividad profesional en centros especiales de empleo. El importe de estas ayudas es de 1.200 euros por cada trabajador con discapacidad grave.
Si las personas con discapacidad trabajan en el mercado ordinario las empresas cuentan con subvenciones de 3.907 euros por cada contrato de trabajo indefinido a tiempo completo.
Por otra parte también se ayuda a la contratación de jóvenes con contratos para la formación y el aprendizaje, con ayudas que van desde los 100 hasta los 1.200 euros.
Los contratos de relevo de carácter temporal de al menos 12 meses cuentan con ayudas para el empresario de 1.500 euros y si son indefinidos la ayuda sube hasta los 3.000 euros por contrato.
Igualmente también hay ayudas a empresarios para la contratación de mujeres, mayores de 45 años y para la transformación de contratos temporales en contratos estables.