La Audiencia Provincial de Baleares deliberará el próximo miércoles 4 de diciembre sobre si es delito o no el hecho de que el presidente del Govern, José Ramón Bauzá, utilizase la Abogacía de la Comunidad Autónoma para defender a nivel personal su derecho al honor.
Esta deliberación se produce después de que la Fiscalía recurriese la admisión a trámite de la querella interpuesta por UGT contra el mandatario autonómico por haber empleado los servicios jurídicos del Ejecutivo para defenderse de los improperios que contra él lanzó en su día el exlíder del sindicato Lorenzo Bravo.
Tanto los querellantes como el juez encargado de las pesquisas sostienen que Bauzá utilizó «indebidamente» los servicios de la Abogacía para «ejercer una acción personalísima a favor de su honor», mientras que el Fiscal Superior de Baleares, Bartomeu Barceló, apunta en su recurso de apelación a que las manifestaciones iban dirigidas a Bauzá como presidente y «no como particular».
Fue el pasado 25 de octubre cuando fue admitida a trámite la denuncia de UGT y Bravo, en la que figuran como querellados tanto Bauzá como el vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Antonio Gómez, por haber resuelto que la Abogacía balear se encargara de la defensa del presidente.