La mayoría del personal despedido en el proceso de reestructuración del IDI, al que se incorporó la disuelta Fires i Congressos, procede de la época del primer Pacte. Ayer, el conseller García negó irregularidades en el proceso pero añadió que investigará el contenido de correos difundidos días atrás sobre la procedencia política de las personas que trabajan en la empresa. El PSIB reclamó ayer una comisión de investigación y la portavoz del PP negó «persecución política».
El IDI es una empresa pública que se ha visto muy afectada por la reestructuración y los recortes que ha llevado a cabo el Govern Bauzá. La pasada legislatura asumió los 28 trabajadores tras la disolución de Fires y Congresos. A día de hoy, de estos 28 empleados solo siete continúan contratados, de los cuales seis están vinculados al PP. El resto fueron despedidos en marzo y septiembre de 2012 el marco de la reestructuración que se llevó a cabo en el organismo bajo el mandato del ex gerente Tomeu Alcover. Pocos meses después, fue destituido de su cargo, que ahora ocupa el exalcalde de Consell, Joan Bibiloni, autor de los comentarios que han causado la polémica.
El portavoz adjunto del grupo parlamentario socialista, Vicenç Thomàs, anunció que su partido reclamará una comisión investigadora y comentó que «estamos hablando del IDI, y en nuestro recuerdo están Ordinas y Cardona», que cumplen condena por corrupción.
En opinión del político socialista, el Ejecutivo autonómico intenta hacer «una purga política por cuestiones ideológicas que nada tiene que ver con la austeridad ni con una política de buena gestión».
Sin destituciones
Estas «listas negras», según Thomàs, han servido para echar a personal laboral no fijo de la Conselleria de Economía y Competitividad e impedir la consolidación de estos puestos de trabajo.
El portavoz socialista cuestionó que quien «hace un discurso de transparencia sea el mismo que hace una política de listas negras para reestructurar el servicio público instrumental», y ha acusado a Bauzá de «eliminar personas» porque no quiere tener «funcionarios con criterio»
Cabrer (PP) afirmó que desde el Govern se iban a dar explicaciones. El conseller García defendió la transparencia del procedimiento y lamentó que se difundieran correos electrónicos privados. El Ejecutivo no se ha planteado destituciones por este caso, dijeron desde la Conselleria d'Economia.