El titular del Juzgado de lo Penal número 7 de Palma, Eduardo Calderón, ha absuelto al exportavoz y dirigente del Grupo de Ornitología Balear (GOB), Miquel Àngel March, tras ser juzgado por la ejecución de una construcción de carácter agrícola en terreno protegido, obras que el acusado aseguró en el juicio que estuvieron amparadas por un procedimiento administrativo «público, transparente y para nada clandestino».
El juez ha adoptado esta decisión después de que la acusación popular, única parte acusadora en este proceso -que inicialmente solicitaba dos años de prisión y una multa de 3.240 euros para el inculpado-, retirase las acusaciones formuladas inicialmente, si bien pidió que la sentencia fuese notificada al Ajuntament de Pollença por si las edificaciones en cuestión pudieran ser objeto de medidas de disciplina urbanística.
En concreto, este procedimiento fue incoado a raíz de la denuncia interpuesta por un particular que acusaba a March de realizar 'ex novo', en la finca 'L'Assarell', en Pollença, una construcción «no autorizada» de aproximadamente unos siete metros cuadrados sobre un Área Natural de Especial Interés (Anei).
Sin embargo, en su comparecencia, el dirigente de la entidad ecologista aseveró que en 2001 se dirigió al Ayuntamiento de Pollença para poner en conocimiento los graves daños que había sufrido su caseta, junto a las pocilgas y el almacén allí ubicados, a raíz del temporal que asoló la isla ese año, por lo que solicitó una ayuda económica a fin de poder llevar a cabo su rehabilitación.
Obras que no implicaron construcciones anexas
Un trámite que también efectuó ante la Conselleria d'Agricultura del Govern, según explicó, tras lo cual se puso en marcha un expediente específico para la reparación. De este modo, recordó, pudo arreglar las cochiqueras sobre las que cayó la rama de un árbol centenario y el resto de elementos que habían sido destruidos, manteniendo no obstante toda la estructura. Las obras, apuntó, respondieron así al objeto de la subvención prevista como ayuda, pero «en ningún momento» se edificó «anexo alguno», recalcó.
«Fue tal la envergadura del temporal que el Govern aprobó un Decreto de ayudas urgentes» al que se acogió, tal y como manifestó March, defendido por el abogado Agustí Cerveró, quien al inicio del juicio remarcó que las obras se realizaron «por un motivo extraordinario», como fue el temporal, para lo cual se arbitró un sistema extraordinario de tasas sin que el Ajuntament de Pollença resultase perjudicado.
Asimismo, el acusado negó haber llevado a cabo ningún tipo de demolición posterior a la denuncia, «de la que nos enteramos a principios de marzo de 2007». De hecho, apuntó que fue antes de esa fecha cuando se eliminaron unos 160 metros cuadrados de construcciones obsoletas, una pocilga precaria y tejas preexistentes. «Desde que supe de la denuncia no he tocado nada», aseguró.
«Nadie nunca me ha abierto expediente ni me ha reclamado nada por unas obras de escasa entidad, amparadas por un procedimiento público, transparente y nada clandestino», reiteró March. Por su parte, la Fiscalía pidió la absolución del líder ecologista al alegar que March no incurrió en delito alguno y que, de estimarse así, los hechos estarían prescritos.