El Consell de Mallorca no podrá tener cargos directivos políticos y todos deberán ser funcionarios de máximo nivel, el A1, a partir de la próxima legislatura. De hecho, si Maria Salom quiere hacer cambios en su gobierno a partir de enero, deberá elegir entre funcionarios que cumplan ese requisito.
Este cambio radical de filosofía responde a la futura entrada en vigor de la llamada 'ley Montoro'. Ya está en tramitación en el Senado y la entrada en vigor de la ley se prevé para el 1 de enero, es decir, dentro de mes y medio.
El texto introduce un nuevo artículo en la Ley de Bases de Régimen Local, el 32.5 bis, que dice que el personal directivo de los consells «debe efectuarse de acuerdo a criterios de competencia profesional y experiencia entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas, de las entidades locales o con habilitación de carácter nacional que pertenezcan a cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1».
Si la medida entrara en vigor en estos momentos, Maria Salom se vería obligada a destituir al 90 por ciento de su gobierno ya que solo tres altos cargos cumplen este requisito. La ley no tendrá efectos retroactivos pero sí será de obligado cumplimiento a partir de enero.
Enmienda
La presidenta del Consell, Maria Salom, considera que la medida es discriminatoria con grandes municipios, como Palma, que quedan exonerados del cumplimiento. Por esta razón negocia la presentación de una enmienda del PP en el Senado, para que se tenga en cuenta que las instituciones insulares también son órganos autonómicos y, por tanto, deben quedar excluidas. Las negociaciones no han fructificado, de momento, pero en el Consell confían en que el Partido Popular asuma los postulados que defiende Salom y el resto de presidents de consells.