Los propietarios de viviendas ilegales que se nieguen a derribarlas cuando sean 'cazados' por la Administración serán multados con sanciones mínimas de 600 euros al mes hasta que no derribe la obra ilegal. Esta es una de las disposiciones que recoge el proyecto de ley del suelo, que está en fase de tramitación.
Amnistía
La ley establece una amnistía para el urbanismo ilegal que ya existe en Balears, pero que, como lleva más de ocho años en pie, el delito ha prescrito. Además se establece la posibilidad de legalizar la obra, pero el proyecto perseguirá con mano dura las obras que se ejecuten sin licencia a la entrada en vigor de la ley.
La ley del suelo deroga la ley de disciplina urbanística pero incluye una nueva regulación de sanciones mucho más dura que la vigente.
El texto que ha elaborado el departamento de Gabriel Company da mayor fuerza a los ayuntamientos a la hora de decidir el planeamiento. Por un lado, elimina la tutela de los consells en la aprobación de planes parciales y especiales en municipios de más de 10.000 habitantes. También serán los ayuntamientos quienes decidan si suben o no los márgenes de aprovechamiento urbanístico que deben pagar los promotores.
Promotores
En estos momentos, la cesión de aprovechamiento es de un 15 por ciento, pero a partir de ahora será del 10 por ciento para los suelos urbanos. La intención es compactar y cerrar las tramas urbanas, de forma que a los promotores les salga a cuenta intervenir en el centro de las ciudades en lugar de hacerlo en la periferia.