El juez José Castro fija las reglas para que el expresident valenciano Francisco Camps declare por escrito como testigo. Tras el fiasco del fin de semana, en el que la comisión judicial que se trasladó a Valencia para tomar varias declaraciones no pudo localizar al expresidente, el juez afirma que volverá a fijar una fecha para la declaración.
Ante la falta de regulación sobre la toma de declaración por escrito a un testigo, el juez fija una serie de reglas. Se trata de un procedimiento excepcional al que pueden acogerse determinados cargos públicos, entre ellos los expresidentes de una comunidad autónoma, pero sólo para hechos que hayan podido conocer por razón de su cargo.
Castro entiende que la declaración tiene que producirse bajo supervisión de la secretaria judicial para que dé fe de que Camps «no ha sido influenciado por la intervención de terceras personas».
Así, pide a Camps que disponga un despacho en las Corts Valencianes o en otro edificio oficial. Que sólo estarán en ese despacho la secretaria y el testigo que «no podrá comunicarse ni recibir asesoramiento de terceras personas». Sí admite que haya alguien para tomar nota de las respuestas de Camps si éste lo considera oportuno, pero con la advertencia que no puede tratarse de un jurista y «vetándosele cualquier otra intervención». La secretaria del juzgado tendrá que elevar un acta de la declaración de Camps, al que no se permitirá conocer las preguntas que le serán formuladas una a una por la secretaria.
En la misma providencia, el juez da cuenta de que ha recibido las preguntas formuladas por la Fiscalía y por la acusación popular para Camps y que todas éstas son pertinentes. De esta manera, el juez anuncia que más adelante señalará día y hora para requerir «con suficiente antelación» a Camps que designe un despacho y que sea citado en él.
Camps tendrá que responder a preguntas de las acusaciones sobre la colaboración entre el Goven valenciano y el Instituto Nóos y la supuesta reunión que mantuvo en Zarzuela con Urdangarin y Torres. En ese encuentro se fraguaron los contratos por valor de 2,6 millones de euros que obtuvo la organización del duque de Palma de las administraciones públicas valencianas.
En la providencia, Castro da a entender que una vez que Camps responda a las preguntas podrá ser sometido a un turno de repreguntas, también por escrito por las distintas partes personadas. Ninguna de las defensas ha registrado preguntas para el expresidente valenciano cuya imputación en la causa fue descartado por los tribunales de esta comunidad, después de que fuera solicitada por la Fiscalía y el propio magistrado en una resolución motivada.