UGT y el exsecretario general de ese sindicato Lorenzo Bravo ratificaron ayer ante el titular del Juzgado de Instrucción 7 de Palma, Antoni Garcías, la querella contra el president del Govern José Ramón Bauzá por confiar su defensa a abogados de la Comunitat Autònoma. Según los querellantes, Bauzá habría incurrido en los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias por defender su honor con letrados del Govern.
Bravo confirmó a título personal la querella contra el jefe del Ejecutivo junto a su sustituto, Manuel Pelarda, quien subrayó que la ejecutiva de UGT respalda esta decisión. También estuvieron presentes los abogados Pablo Alonso de Caso y Francisco José Pérez.
La querella de UGT y Bravo se extiende al vicepresidente del Govern Antonio Gómez porque, según UGT y Bravo, «incurrió en prevaricación al resolver como vicepresident del Govern que los servicios jurídicos de la Comunitat llevaran la defensa de Bauzá en la acción judicial».
El juez ha admitido a trámite la querella con la opinión en contra del fiscal superior de Balears, Bartomeu Barceló, quien en su escrito afirma que en esta causa no existe la malversación de caudales públicos puesto que «las expresiones efectuadas por Bravo contra Bauzá se realizan por su condición de presidente de les Illes Balears, no como particular». Tambièn rechaza que se hayan cometido los delitos mencionados en la querella.
Bauzá ya ha confirmado que recurrirá a un abogado particular -al que pagará de su bolsillo- y no a la Abogacía de la Comunitat, para defenderse.