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El PSIB elude el debate sobre el derecho a decidir y el PP le acusa de ir a la deriva

Vicenç Thomàs, Jaume Carbonero y Francina Armengol, antes de comenzar el pleno. | M. Joy

| Palma |

El PSIB volvió a defender ayer que España avance hacia un sistema federal y evitó pronunciarse sobre el derecho a decidir, pese a que Més había tratado de forzar que se abordara este asunto al presentar una enmienda a la propuesta de los socialistas. Los socialistas no entraron al trapo pero no pudieron evitar que una de sus diputadas, Esperança Marí, volviera a desmarcarse en la votación: se abstuvo en la propuesta socialista y se alineó con los postulados de Més.

Y en medio de este debate, el PP aprovechó para criticar la deriva socialista y para reafirmar la necesidad de mantener la unidad de España. Miquel Jerez aseguró que el PP está «orgulloso» de formar parte de España, mientras Cosme Bonet (PSIB) defendía la unidad «dentro de la diversidad» y Antoni Alorda (Més) directamente la diversidad.

Ley de símbolos

Al debate sobre el modelo de Estado se sumó otro no menos polémico, el de la ley de símbolos. Francina Armengol (PSIB) había censurado que el PP apruebe leyes con el único propósito de «tapar la boca» a quienes no está de acuerdo con la política del PP. El president contestó que su gobierno legisla en función de la voluntad de las mayorías, «no de la suma de minorías» y afirmó que la ley de símbolos está hecha para asegurar «la libertad» en Balears. El president también tuvo que responder a una pregunta del portavoz de Més, Biel Barceló, sobre la posible privatización de AENA. Bauzá aseguró que el Govern sigue defendiendo la cogestión aeroportuaria en un modelo similar al que ya existe en la Autoritat Portuària. Barceló pidió a Bauzá que sea más tajante y no deje que el Gobierno central le pase por encima en su intento de privatizar «y dejarnos sin ningún tipo de control».

Consells

En la misma sesión plenaria, el conseller de Hisenda, José Vicente Marí, negó las acusaciones del diputado del PSIB Marc Pons que le había acusado de chantajear a los consells con la futura ley de financiación de las instituciones insulares.

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