Los acusados en los casos de corrupción ‘Metalumba' y ‘Turisme Jove' están negociando pactos de conformidad con la Fiscalía para evitar los respectivos juicios que se celebrarán en las próximas semanas y eludir el ingreso en prisión, según confirmaron a este diario distintas fuentes vinculadas a las negociaciones.
‘Metalumba' es una de las piezas separadas del ‘caso Son Oms', donde se investigó la compraventa de parcelas en ese polígono palmesano, y en ‘Turisme Jove' los hechos se refieren a gastos hinchados a través de facturas sobredimensionadas del consorcio, sobre todo los relacionados con obras de construcción y viajes.
En el primero, entre otros, están acusados el exconseller de Territori del Consell de Mallorca Bartomeu Vicens, a quien el fiscal pedía 16 años y 3 meses de cárcel y el exconseller de Turisme Miquel Nadal, al que solicitaban un año de prisión. Ambos dirigentes de la extinta UM están en cumpliendo penas de cárcel por otras causas.
En ‘Turisme Jove', Anticorrupción pedía 12 años de cárcel para Juan Francisco Gálvez, exdirector general de Joventut en el Govern de Jaume Matas; 10 años y 6 meses para el exgerente del concorsio Damià Amengual y 4 años y 6 meses para el exjefe de mantenimiento, Juan Francisco Gosálvez.
Negociaciones
Dos abogados personados en las causas, Josep Zaforteza y Gaspar Oliver, confirmaron que en nombre de sus clientes ya han alcanzado pactos con el ministerio público. Otros letrados afirman que siguen negociando acuerdos de conformidad con el objetivo de que las penas para sus representados sean mínimas.
El abogado Salvador Perera, que representa al PP en el ‘caso Turisme Jove' explicó que solo acusa a Juan Francisco Gosálvez, y que estaba enterado de las negociaciones para llegar a acuerdos con la Fiscalía.
Las negociaciones entre abogados y fiscales para aminorar la petición de penas a cambio del reconocimiento de los hechos está establecida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC). Los acuerdos se enmarcan en el reconocimiento de los hechos por parte de los acusados, la confesión de culpabilidad y la asunción de las penas que fije el fiscal. En todos los casos, el ministerio público modificará su escrito de acusación en el juicio y tendrá que argumentar la existencia de atenuantes muy cualificados, incluso, las dilaciones indebidas por retrasos en la instrucción de la causa, para establecer las nuevas penas.
En cualquier caso, siempre será el tribunal el que tendrá la última palabra para dar por buenos los pactos de conformidad alcanzados, según las fuentes consultadas. El último caso conocido de pactos de conformidad es el denominado ‘Dobles ventas', una estafa con parcelas en Andratx, donde ninguno de los acusados ingresó en prisión, pese a que el fiscal solicitada casi 170 años de cárcel.