El informe elaborado por el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional y que ya está en poder del juez instructor del 'caso Nóos', José Castro, revela numerosas irregularidades en la gestión de Aizoon, la empresa de la que son copropietarios Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina, entre ellas, una factura por un importe de 648 euros que la proveedora, una gran superficie, niega haber emitido.
Esa factura sospechosa se uniría a otras, supuestamente falsas, con las que los duques de Palma habrían justificado con Aizoon la percepción de 750.000 euros, según consta en el sumario de la causa.
La policía y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, están investigando si esa factura ficticia, se enmarca en la estrategia contable seguida por Urdangarin para justificar los fondos públicos provenientes del Instituto Nóos y canalizados a través de Aizoon.
Según el escrito de la Fiscalía Anticorrupción, «los reiterados y continuos cruces de facturas, supuestamente ficticias o presumiblemente por importe superior al servicio realmente prestado, tiene una finalidad puramente fiscal, así como incrementar gastos de unas u otras empresas a efectos de rebajar artificialmente el coste del correspondiente Impuesto de Sociedades». La mercantil de los duques de Palma, Aizoon SL, recibió unos 750.000 euros entre 2004 y 2005 y el único concepto conocido hasta la fecha para justificar esos fondos es una factura del 25 de noviembre de 2005 por importe de 116.000 euros y por el concepto «Gestión logística del Forum Illes Balears», según Anticorrupción.
El fiscal sólo hace responsable a Urdangarin de las conductas presuntamente delictivas, aunque el juez investiga desde hace meses si su esposa, la infanta Cristina estaba al corriente del origen ilícito de los fondos que manejaba a través de tarjetas de créditos de Aizoon.
El titular del Juzgado de Instrucción 3 de Palma debe decidir próximamente si imputa un delitofiscal u otro de blanqueo de capitales a la hija menor del Rey. El nuevo informe de la policía analiza diversos gastos realizados por los duques de Palma en la reforma de su mansión de Pedralbes, así como las facturas emitidas por los proveedores. Algunas de las empresas explicaron a los agentes que no podían aportar factura o escrito relacionados con las obras debido a que no tenían esos documentos.