La Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin cargaron, a través de la empresa de la que son propietarios al 50 por ciento, la adquisición y montaje de hasta 72 muebles y elementos del hogar como estanterías, butacas, sofás, mesas y cortinas de lujo para su uso personal, tal y como ha desvelado el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional a través de un informe que ha entregado al juez instructor del caso Nóos, José Castro.
Y es que, según la documentación, el matrimonio llegó a adquirir a la empresa Rosa Cerveto Marta Mas S.L., a través de su empresa, una estantería de 5.895 euros, un sillón giratorio por 1.552, una mesa de alumnio por 2.665, una alfombra 'little flowers' por 3.450, un 'pouf' de cuero por 968, diez sillas 'masai' de piel por un total de 9.550, dos sofás por 10.143, un mueble-bar por 6.298 y dos cortinas de estilo japonés por 5.580, entre otros numerosos artículos.
El magistrado reúne de este modo nuevos datos que apuntan a que mediante las salidas de fondos que se realizaron de Aizoon para destinarlos a gastos particulares, el matrimonio se habría se habría beneficiado a través de su empresa de los ingresos presuntamente ilícitos que recibió la misma procedentes del Instituto Nóos así como del dinero supuestamente defraudado a Hacienda por parte de Aizoon.
Y es que, según apuntan los investigadores, el dinero que de forma presuntamente irregular percibió Aizoon desde Nóos -en virtud de los convenios que éste suscribió con las Administraciones Públicas- no se quedó en la cuenta de la primera entidad, sino que se destinó a gastos particulares del matrimonio, como la reforma de su vivienda familiar, con el posible conocimiento del origen delictivo de los fondos por parte de la Infanta.
Es por ello que las pesquisas van encaminadas a averiguar si la hija del Rey Don Juan Carlos era consciente de la procedencia ilícita del dinero que recibía Aizoon, lo que permitiría dilucidar si la duquesa de Palma incurrió en un delito de blanqueo de capitales, además de esclarecer si defraudó a la Agencia Tributaria, al facturar a Aizoon servicios personales que nada tenían que ver con la actividad de la empresa con el objetivo de reducir su tributación en la declaración del IRPF.
De hecho, la Audiencia Provincial sostiene que si Aizoon estaba participada al 50 por ciento por la Infanta, no era más que una pantalla y se constituyó con una finalidad defraudatoria, no se entiende que sólo se atribuya la defraudación a uno de los socios (a Urdangarin).
LA INFANTA «DEBÍA CONOCER QUE AIZOON SE USABA PARA DEFRAUDAR»
Es más, el tribunal de la Sección Segunda, que dejó las puertas abiertas a la imputación de la Infanta por presunto delito fiscal o de blanqueo, apunta que la mujer de Urdangarin «debería saber o conocer que Aizoon era una sociedad pantalla y que su marido la utilizaba para defraudar a Hacienda», tanto en lo que al impuesto de sociedades se refiere como respecto al IRPF, y que «se ha enriquecido con contratos ilegales y dinero público por facturas giradas por Aizoon a Nóos».
Los magistrados van más allá al recalcar que, aunque Urdangarin era el administrador de Aizoon, su mujer tenía el control funcional de la sociedad al ser titular del 50 por ciento del capital social, motivo por el cual debía saber que Aizoon «no era una sociedad de profesionales y que ella y su marido la utilizaban para defraudar».
EL JUEZ DECIDIRÁ EN BREVE SI IMPUTA A LA INFANTA
Así, sostienen que, como socia de la mercantil y «teniendo posibilidad de controlar la gestión, pudo haber convocado Junta de la sociedad y revocado poderes a su marido o pedido que se regularizase la situación tributaria». «Pero no lo hizo y Aizoon recibió dinero público y privado defraudado sociedades -se desgravaron gastos y amortizaciones no deducibles- e impuesto sobre la renta», remarcan.
Una vez el juez analice toda la documentación en torno a las salidas de fondos de la empresa Aizoon decidirá, en base a la misma, si acuerda la imputación de la Infanta Cristina por presunto delito fiscal o de blanqueo, una decisión que adoptará en breve no sin antes consultar a la Fiscalía Anticorrupción y las demás partes personadas en el caso Nóos para que, con todos los datos reunidos, se pronuncien al respecto.