La Fiscalía de Balears presentó ayer un recurso contra la decisión del titular del Juzgado de Instrucción 7 de Palma, Antoni Garcías, de admitir a trámite la querella contra el president del Govern, José Ramón Bauzá, presentada por UGT y el exsecretario general de ese sindicato, Lorenzo Bravo. Los querellantes afirman que Bauzá cometió los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias al utilizar los servicios de la Comunitat Autònoma para defender su honor.
En el escrito firmado por el fiscal superior de Balears, Bartomeu Barceló, se insiste en que los tres delitos mencionados por los querellantes «quedan desvirtuados» tras un análisis de los hechos, siempre desde la perspectiva del ministerio público, que ya se opuso a la admisión a trámite de la querella.
Según la Fiscalía, es potestad del president del Govern acudir a los servicios jurídicos de la Comunitat, y que por lo tanto, «no puede haber una resolución injusta» al adoptar esa decisión; también, el escrito combate con minuciosidad la comisión de los delitos de malversación y tráfico de influencias.
El auto de admisión a trámite de la querella firmado por el juez Garcías está pendiente de que la defensa de Bauzá, y del vicepresidente Antonio Gómez, también querellado, presente un recurso de reforma y subsidiario de apelación ante la Audiencia de Palma.
Los querellantes deben, asimismo, aportar una fianza de 4.000 eurosm para ejercer la acusación. Según el magistrado «procede investigar en esta fase de diligencias previas lo expuesto en la querella».