El Govern ha asegurado que el líder del Ejecutivo autonómico, José Ramón Bauzá, actuó «de manera coherente y necesaria» para «defender el respeto institucional» al utilizar los Servicios de la Abogacía de la Comunidad en la demanda que presentó contra el exsecretario general de UGT, Lorenzo Bravo, por los improperios que éste profirió contra él.
En la rueda de prensa posterior a los acuerdos del Consell de Govern, la portavoz del Ejecutivo autonómico, Núria Riera, ha explicado que la Administración autonómica presenta su «máximo respeto y la máxima colaboración» en este caso, aunque ha valorado que «el presidente ha actuado con total corrección en su labor institucional».
Este viernes, Riera ha señalado que las actuaciones siguientes en este proceso seguirán siendo tramitadas por la Abogacía de la Comunidad Autónoma y ha criticado que las actuaciones de la oposición y de UGT, en este caso, van encaminadas a «judicializar la vida política».
Cabe recordar que el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Palma, Antoni Garcías, ha admitido a trámite este jueves la querella interpuesta por UGT contra el presidente del Govern, José Ramón Bauzá, por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias, por lo que le emplaza a designar abogado y procurador que les represente en este procedimiento judicial, tal y como ha acordado mediante un auto.
En concreto, Bauzá figura como querellado por haber empleado los servicios de la Abogacía de la Comunidad Autónoma en la demanda que presentó contra el exlíder del sindicato Lorenzo Bravo a raíz de diversos improperios que éste profirió contra él, y que ha sido archivada tanto en primera instancia como por la Audiencia Provincial de Baleares. Por su parte, la querella también se dirige contra el vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Antonio Gómez, por haber resuelto que la Abogacía balear se encargara de la defensa.
En su resolución, previa a la cual la Fiscalía se pronunció en contra de que la querella fuese admitida a trámite, el magistrado abunda en numerosa jurisprudencia para afirmar que Bauzá utilizó «indebidamente» los servicios jurídicos de la Comunidad, con los que «quiso ejercer una acción personalísima a favor de su honor».