La sociedad balear de medicina familiar y comunitaria (Ibamfic) ha expresado su rechazo absoluto a las acciones de privatización que, ha precisado, lleva a cabo el Govern, por lo que ha solicitado la paralización de las mismas.
El Ibamfic ha reclamado «un proceso transparente» de estas acciones que con fundamentos técnicos y «abierto a la participación activa de los profesionales en la toma de decisiones que afectan a la equidad y la salud» de los pacientes.
En un comunicado, la entidad ha expresado su «profunda preocupación por las posibles consecuencias de estos procesos» de privatización.
Así, ha concretado que estos se refieren al convenio entre la Conselleria de Salud con el Grupo Policlínica Juaneda, que supone el «desmantelamiento del Hospital Cruz Roja», a la derivación del hospital Son Llàtzer de 64.000 pacientes al Sant Joan de Deu para atención traumatológica y rehabilitadora, así como la derivación de pruebas de imagen al Hospital Clínic Balear de Son Verí y otros centros privados.
En opinión del Ibamfic, estos procesos supondrán que «la calidad asistencial y la seguridad del paciente no están suficientemente asegurados, al pasar el control de los procesos de salud a manos privadas, con evidentes intereses económicos».
Además, ha considerado que algunos de estos centros privados no están lo suficientemente dotados para tratar pacientes complejos o sus complicaciones, y cita como ejemplo el hospital Sant Joan de Deu, que no tiene con UCI, y al que se destinará, según la sociedad, 6 millones de euros más al año, mientras se restan recursos a los servicios sanitarios públicos.
Además, la sociedad se ha quejado de que la Conselleria de Salud no ha proporcionado «argumentos técnicos válidos que justifiquen esta desinversión de los servicios sanitarios públicos» (...) «para fomentar el negocio privado, incluyendo empresas con ánimo de lucro con nulas pretensiones de eficiencia social entre sus objetivos».
El Govern, ha afirmado, «muestra un total desprecio por los profesionales y los servicios afectados» al no consultarles la planificación de estas acciones ni permitirles presentar sus propuestas, por lo que lo han instado a dar a conocer públicamente «los estudios técnicos y económicos que avalan estos cambios, con su justificación, objetivos, temporalización y los criterios de reversión».