El Grupo MÉS ha expresado su rechazo a la modificación del decreto que, en el marco de los concursos de funcionarios con habilitación estatal, adapta la Ley de Función Pública para hacer afectiva la eliminación del catalán como requisito para concursar a una plaza en Balears.
Tal y como ha puesto de manifiesto la coalición en un comunicado, hasta ahora los secretarios, interventores y tesoreros debían tener, como requisito, el nivel B de catalán. Sin embargo, a partir de ahora esta calificación desaparece y el conocimiento «de la lengua propia de Balears pasa a ser un mérito a tener en cuenta para puntuar para acceder a una plaza», lamentan desde el grupo.
Así, consideran que esta actuación pone de manifiesto, «de nuevo, la obsesión por arrinconar la lengua catalana en la Administración». «El criterio, según el Govern, es que se mantenga el requisito del catalán en todas aquellas plazas que tengan como principal función la atención al público. La ley no dice «función exclusiva», dice «entre sus funciones principales».
«Con esta nueva actuación el Govern de José Ramón Bauzá da un paso más para castellanizar los ayuntamientos», critica el diputado Nel Martí, quien afirma que los secretarios, interventores y tesoreros «son precisamente los cargos funcionariales de más alta responsabilidad municipal que no sólo tienen la función de coordinar toda la labor consistorial, sino que además revisar los trámites más relevantes jurídica y/o económicamente».
Asimismo, destaca que entre sus funciones «importantes (y también principal) se encuentra la atención de todas las consultas de ciudadanos sobre licitaciones o estado de pagos de facturas».
«¿Cuántas veces un vecino se dirige al Ayuntamiento para consultar una cuestión no política sino técnica, jurídico-administrativa, que sólo puede ser atendida por un secretario o un interventor? ¿Cuántos pequeños empresarios se han dirigido al interventor municipal para saber el estado de un pago?», concluye Martí.