La deuda de entre 1.000 y 2.000 millones acumulada por Orizonia, y a la que el grupo turístico en fase liquidación no puede hacer frente, apunta a los juzgados de instrucción. Un grupo de acreedores se está planteando acudir a la vía penal contra los gestores del ‘holding' tras conocer el alcance del informe provisional elaborado por los administradores concursales, en poder del titular del Juzgado de lo Mercantil 1 de Palma desde el pasado viernes, como informó Ultima Hora.
El informe confirma lo que ya se sabía desde que Orizonia acudió a los juzgados para declararse insolvente e instar el correspondiente concurso voluntario de acreedores, es decir, que el considerado mayor grupo turístico de todo el Estado debe muchísimo más de lo que tiene en activos (50 millones) para hacer frente a todas las reclamaciones de dinero, que superan las veinte mil.
La vía penal, asimismo, no es la única que tienen a su disposición los acreedores ya que también, y de forma pararela, pueden solicitar al juez que declare culpable el concurso de Orizonia. «La deuda de Orizonia es brutal», dijo ayer a este diario el representante de los trabajadores Juan Manuel Noguero.
Indemnizaciones
«Nosotros vamos a estudiar con detenimiento el informe de los administradores concursales la próxima semana con el objetivo de garantizar que los trabajadores cobren sus indemnizaciones por despido por parte del Fogasa, ya que la mayoría ya ha recibido sus respectivos salarios y liquidaciones», señaló Noguero.
El informe de los administradores concursales consta de unos 20.000 folios y detalla en profundidad las circunstancias que rodearon la debacle económica del grupo turístico con sede en el Parc Bit de Palma.
Por ahora, el juez Víctor Fernández no ha tramitado ninguna impugnación a la cuantía de los créditos fijados por los administradores concursales en su informe.
Abogados especialistas de derecho concursal señalan que los principales perjudicados por la insolvencia de Orizonia –entidades bancarias y trabajadores– sabían desde hace meses que los activos de la empresa no eran suficientes para hacer frente a las deudas.
«Están en su derecho de diseñar la estrategia legal que consideren pertinente en defensa de sus derechos», explicaron.