El juez instructor del 'caso Nóos', José Castro, requirió ayer a la entidad BBVA para que le informe sobre todos los cargos realizados por la infanta Cristina de Borbón y Grecia a través de una tarjeta Visa Business Oro, titularidad de Aizoon, mercantil de la que son copropietarios la hija menor del Rey y su marido Iñaki Urdangarin.
En una providencia, el titular del Juzgado de Instrucción 3 de Palma pide, también al BBVA, información sobre los cargos realizados por Urdangarin en tres Visa Bussines Oro, y otras dos de empresas vinculadas a Aizoon.
Una de las tarjetas Visa Business del marido de la infanta Cristina fue cancelada por extravío el 26 de agosto, según informa la entidad bancaria.
El juez está investigando si la esposa de Urdangarin pudo cometer un delito blanqueo de capitales y fiscal a través del dinero público y privado que manejó a través de Aizoon y que llegó a su arcas procedente del Instituto Nóos.
Así se lo requirió la Sección Segunda de la Audiencia de Palma tras paralizar la imputación de la Infanta que había acordado el instructor del 'caso Nóos'. El fiscal anticorrupción Pedro Horrach calificó a Aizoon de «sociedad pantalla» en uno de sus escritos, y tanto la Agencia Tributaria como el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional han elaborado informes que recogen indicios supuestamente incriminatorios contra la hija del Rey.
Entre ellos, destaca que la infanta se autoalquiló el palacete de Pedralbes a través de Aizoon, y que las empresas y profesionales que participaron en la sobras de reforma de ese chalet, situado en la exclusiva zona barcelonesa de Pedralbes, imputaron todas las operaciones a Urdangarin.
Hacienda, asimismo, reveló que la infanta Cristina declaró solo seis operaciones superiores a los 3.000 euros en ocho años. Una de esas operaciones con terceros, fue el gasto de 29.697 euros en vestidos diseñados por Jesús del Pozo, ya fallecido.
El juez, por otra parte, también ha requerido a Caixa Bank que le informe sobre un traspaso de 150.000 euros realizados por los duques de Palma el 27 de diciembre de 2006.
El magistrado todavía espera esa información, ya que la entidad no pudo facilitarla en el plazo previsto por un error en la numeración de la cuenta.