El Juzgado de Instrucción número 7 de Palma ha incoado diligencias previas contra el presidente del Govern, José Ramón Bauzá, a raíz de la querella interpuesta por UGT por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias por haber utilizado los servicios de la Abogacía de la Comunidad Autónoma para defenderse a nivel personal de los improperios que el líder sindical Lorenzo Bravo profirió contra él.
Así lo comunicaron ayer fuentes de la causa, que señalaron que el titular del Juzgado, Antoni Garcías, ha dado traslado a la Fiscalía para que presente alegaciones, y a partir de ahí decidir si admite a trámite la querella. Lorenzo Bravo y UGT que Bauzá emplease los servicios jurídicos autonómicos en la demanda que presentó contra el líder por los insultos que éste le lanzó, y que ha sido archivada tanto en primera instancia como por la Audiencia Provincial de Baleares.
La querella también va dirigida contra el vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Antonio Gómez, cuyo departamento asignó la dirección de la Abogacía balear, que recayó en la letrada Antònia Perelló, encargada de representar procesalmente a Bauzá en el anterior procedimiento judicial.
Tal y como recalcan los querellantes, Bauzá, «abusando y prevaliéndose de su condición de presidente del Govern», empleó la Abogacía de la Comunidad Autónoma en su defensa «para una cuestión estricta y meramente personal como es la defensa de sus intereses, de su 'yoidad' y 'mismidad', en una cuestión del derecho al honor». Un derecho de carácter «preminentemente personal» que, alegan, «afecta a la honra de la persona y a su esfera, a su dignidad y reputación como ser humano, como individuo considerado de forma aislada e insertado en la sociedad».
Un proceder que, según alega el letrado que firma la querella, Pablo Alonso de Caso, ha llevado a cabo Bauzá «de forma pueril y con el único propósito de ahorrarse las costas procesales en caso de ser condenado, y el de las minutas del letrado que hubiera debido contratar, así como las tasas y aranceles del procurador» a tenor de la actual situación legislativa.
«El querellado Bauzá ha saqueado el erario público mientras su patrimonio personal aumentaba, también gracias al erario público», añade el escrito, de 60 páginas.