El decreto que prepara el Govern para crear un registro de libros de texto y material didáctico complementario de Balears podría ser ilegal. Así lo advirtieron ayer desde la Asociación Nacional de Editores de libros de texto y material de enseñanza (ANELE). Su presidente, José Moyano, explicó que sólo existe un registro en Andalucía dado que la comunidad da cheques a las familias para poder comprar los libros. Sin embargo, controlar el contenido de los libros «podría incurrir en una ilegalidad», de acuerdo con la normativa vigente.
Los editores se refirieron al real Decreto 1744/1998 que aprobó la entonces ministra de Educación, Esperanza Aguirre, que derogó un real decreto anterior que regulaba la supervisión de libros de texto y otros materiales curriculares para las enseñanzas de régimen general.
También Maria Antònia Font, del STEI-i, dudó de la legalidad del citado registró. Además, rechazó la «censura previa» que se esconde tras esta iniciativa del Govern. El presidente de COAPA-Balears, Jaume Ribas, consideró «absurda» la intención del Govern, ya que los consejos escolares «deben autorizar los libros que se utilizan».
En relación a este proyecto de decreto, el secretario autonómico, Guillem Estarellas, declaró que «otras comunidades ya lo tienen, como Andalucía» y que servirá «para que los libros de texto estén catalogados en algún sitio, no hay ningún interés más allá de que cumplan la normativa vigente de la Comunitat».
Modalidades lingüísticas
Estarellas negó que se vaya a limitar la libertad de los centros a elegir unas u otras editoriales. El problema, explicó, es que actualmente cuando faltan libros editados aquí «nos vienen libros de otras comunidades, como Valencia, Catalunya o Madrid, con lo que a veces estos manuales incluyen cosas de estos otros lugares. Entre los ‘problemas' que se han encontrado en los libros que vienen de fuera mencionó, por ejemplo, las modalidades lingüísticas. «El libro que entre en este registro cumplirá la normativa española, pero también la de Balears», aseguró.
Estarellas explicó, por último, que el decreto no será de aplicación hasta dentro de uno o dos cursos y lo será para centros públicos y concertados. Algo a lo que desde Escola Católica se respondió que «los centros concertados tenemos total libertad para la elección de libros y no nos van a regular nada, hasta ahí podíamos llegar. Impugnaremos el decreto si eso es lo que se pretende».