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La Ley del Suelo abre la puerta a legalizar miles de edificaciones en rústico

Biel Company y Nuria Riera, durante la rueda de prensa posterior al Consell de Govern. | CAIB

| Palma de Mallorca |

El Consell de Govern remitió ayer al Parlament una ley que abre la puerta a la legalización de miles de edificaciones en suelo rústico. Sólo en Mallorca, según datos del Plan Territorial de la Isla, existen unas 30.000 viviendas fuera de ordenación. El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, Gabriel Company, prefirió no dar por bueno ningún dato sobre las viviendas fuera de ordenación que, cumpliendo determinados requisitos, podrían regularizarse.

El proceso regularizador quedará en manos de los consells, siempre que lo soliciten y aprueben un reglamento espacio. La iniciativa parte del Consell de Eivissa.

Company precisó que la regularización afecta a viviendas e instalaciones de uso agrícola aisladas que tendrán 3 años para llevar a cabo el proceso. Se llevará a cabo mediante un procedimiento municipal y pagando, además de los gastos ordinarios (como planos y la licencia de obras), una sanción del 15 % del coste de ejecución material si se legalizan el primer año, del 20 % el segundo y del 25 % el tercero.

Al Parlament

La Ley del Suelo, oficialmente Llei d'Ordenació i l'us del Sol, a la que ayer dio el visto bueno el Govern para su aprobación definitiva en el Parlament, también introduce cambios en el modo de aprobar los planeamientos municipales. Para «evitar que tenga que haber mucho recorrido entre municipios y consells», la ley establece que los municipios de más de 10.000 habitantes podrán hacer planes especiales y parciales directamente, con una consulta al respectivo consell. Pero la decisión del Consell no será vinculante. El conseller Company, que informó del proyecto, comentó que este cambio agilizará los trámites y situará a los ayuntamientos en una «mayoría de edad» y «asumirán su responsabilidad».

Company precisó que «si los ayuntamientos no hacen las cosas bien, alguien se lo dirá».

Según el conseller, contra las decisiones de los ayuntamientos cabrá el recurso a los tribunales.

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