El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma le ha dado dos meses a Cort para que justifique la decisión de peatonalizar por completo Blanquerna y si no lo hace instará la ejecución forzosa de la sentencia que obliga a que la calle deje de ser peatonal. La jueza Sara Oliver argumenta que «la sentencia no se ha ejecutado en sus propios términos» por lo que anula los decretos de Alcaldía del 21 de diciembre de 2010, mediante el que Aina Calvo peatonalizó la calle, y el del 4 de julio de 2011, a través del cual Mateo Isern la abrió al tráfico. La magistrada pide a la Administración que «acredite debidamente sus decisiones» y argumenta que le da dos meses para ello porque el Consistorio «ha acreditado tener voluntad de realizar administrativas tendentes al cumplimiento del fallo de la sentencia».
En los razonamientos jurídicos se expone que Cort ha adoptado «nuevas medidas para regularizar la circulación de la calle Blanquerna sin ningún tipo de justificación que suponen además avalar u homologar lo que ya estaba en vigor en el primer decreto impugnado», mediante el que Calvo peatonalizó Blanquerna.
Decisiones arbitrarias
Cort sostiene que la sentencia ya se ha ejecutado al dejar sin efecto el decreto de peatonalización de diciembre de 2010 con el de apertura al tráfico de julio de 2011. Sin embargo, la juez entiende que desde el punto de vista del contenido de la fundamentación, la sentencia no ha sido ejecutada, ya que «se refiere a la obligación de la administración de no adoptar decisiones arbitrarias», es decir, que debe justificar que la decisión adoptada es la mejor para el interés público. El examen del expediente administrativo determina «la inexistencia de un informe mínimamente riguroso que avale técnicamente la conveniencia de peatonalizar Blanquerna y la propia resolución impugnada no incorpora motivación alguna que justifique la medida en un programa de gobierno» que recoja la peatonalización de la citada calle.
Cuando la alcaldesa Aina Calvo aprobó la peatonalización de Blanquerna, comerciantes y empresarios presentaron un contencioso, rompiendo unilateralmente un acuerdo alcanzado por todas las partes afectadas. El Juzgado dio la razón a los comerciantes y empresarios, que recurrieron al entender que Cort no ha cumplido la sentencia al volver a peatonalizarla.