El director, el secretario o jefe de estudios y el 30 % de la plantilla en Infantil y Primaria, el 25 % en ESO y FP y el 20 % en los centros de régimen especial (escuelas de idiomas, conservatorios, etc) son los servicios mínimos que ayer impuso la Conselleria d'Educació a los sindicatos para la huelga indefinida que empieza el lunes 16. Los sindicatos, como era de esperar, mostraron rechazo por considerarlos abusivos y exigieron los servicios mínimos que ha habido hasta ahora en las huelgas convocadas, a saber, dos personas por centro, el director y el secretario o jefe de estudios.
El siguiente paso será que los sindicatos impugnarán estos servicios mínimos si finalmente se mantienen, pero los centros, por lo pronto, deberán acatarlos. No obstante, la Conselleria ha vuelto a citar a los sindicatos mañana, cuando el BOIB publicará los servicios.
Además ayer no quedó claro qué pasará con los colegios concertados en los que están todos los niveles juntos. El secretario de enseñanza privada del STEI-i, Paulí Aguiló, criticó que la Conselleria no aclaró si supondrá que en total habrá un 55 % de sus docentes obligados a trabajar.
A la salida de la reunión el secretario general del STEI-i , Biel Caldentey, y el secretario de la FE-CCOO, Toni Baos, calificaron esta propuesta de «abusiva» e «inadmisible» porque priva del derecho a huelga a muchos docentes. «De manera no suficientemente motivada, la Conselleria ha alterado el modelo tradicional de servicios mínimos», lamentó Caldentey, quien aseguró que es «una decisión política» que «en la práctica supone que se está privando de la huelga a entre un 40 y un 50 % de la plantilla».
Por su parte, el director general de Planificació, Bartolomé Isern, defendió la modificación en el sistema de servicios mínimos porque este paro es de carácter indefinido o de larga duración y por la voluntad de «garantizar el derecho a la educación y que los alumnos puedan ser atendidos correctamente».