El pasado mes de agosto se registró en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Balears, que preside Francisco Whilhelmi, una demanda interpuesta por los representantes de la tripulación del Fortuna . El eje central de la denuncia se basa en la denuncia de una «clara cesión ilegal» de trabajadores por parte de Patrimonio Nacional, organismo titular de la gestión de la embarcación puesta a diposición de la Familia Real y con base en la Estación Naval de Portopí.
Cabe señalar que los diez tripulantes del yate real figuran contratados por la empresa Unión Naval Valencia SA, adjudicataria del servicio de mantenimiento del Fortuna desde diciembre de 1998 y que había sido renovado desde entonces cada año. En el mes de junio, Patrimonio Nacional comunicó a Unión Naval Valencia SA la finalización del servicio, con efecto el día 30 del mismo mes. En consecuencia, la adjudicataria realizó un expediente de regulación de empleo por causas técnicas y organizativas.
La negociación de los tripulantes con Unión Naval Valencia SA finalizó sin acuerdo y ésta decidió la extinción de los contratos sin abonar la correspondiente indemnización que contempla el Estatuto de los Trabajadores.
Dependencia funcional
El argumento legal de los tripulantes del Fortuna en su demanda ante el TSJB es que Unión Naval Valencia SA -al igual que otras empresas con anterioridad como Mefasa, Inversiones Marítimas del Mediterráneo, Unión Naval de Levante, ...- «siempre prestaron servicios directamente para Patrimonio Nacional» en el yate real con base en Palma, una relación que, en su opinión se «encubría» con las empresas adjudicatarias del servicio.
Desde la perspectiva de la tripulación del Fortuna sus integrantes «dependían funcionalmente de la Casa Real con una relación laboral de dependencia y ajeneidad y dependencia retributiva de Patrimonio Nacional, quien aprobaba el presupuesto anual de funcionamiento del barco, incluso la masa salarial de toda la plantilla».
Además, en la argumentación de los trabajadores se precisa que según admitió la propia Unión Naval Valencia SA «Patrimonio Nacional asumiría las indemnizaciones por despido objetivo de los tripulantes del yate Fortuna en caso de ser desvinculados».
Décadas de servicio
Cabe destacar que la tripulación del Fortuna lleva, en la práctica totalidad de los casos, décadas al servicio de la Familia Real y atendiendo las necesidades de la embarcación en todas sus singladuras, circunstancia que ha acumulado importantes devengos salariales. Entre 11 y 32 años como trabajadores a bordo del barco que ha sido el emblema náutico de los Reyes en Mallorca.
Lo que los trabajadores consideran como fundamental es aclarar la existencia de su cesión ilegal, aunque la demanda sea sobre el despido colectivo. Así, se destaca que «la presente demanda es sobre despido colectivo, si bien el debate sobre la cesión ilegal, a la vista de los hechos, deviene imprescindible».
Así, desde el punto de vista de los trabajadores «es evidente que Unión Naval Valencia no ha sido más que la 'empleadora formal' de los tripulantes del yate Fortuna afectados por el despido colectivo. Los ha dado de alta a la Seguridad ocial para después cederlos a Patrimonio Nacional» y en consecuencia, añaden «la extinción de los contratos de estos trabajadores es fraudulenta y la confirmación judicial del mismo vulneraría todos sus derechos».
En el acto del juicio, la representación de la tripulación solicita que se proceda al interrogatorio del presidente de Patrimonio Nacional, José Rodríguez-Spiteri, y de la gerente de este organismo, Alicia Pastor Mor.