La situación urbanística de las baterías de costa que el Ministerio de Defensa cerrará en Mallorca -Cap Blanc, Cala Carril (Llucmajor) y Refeubeitx (Calvià)- las convierte en golosas perlas en el litoral ya que ofrecen unas perpectivas privilegiadas sobre la bahía y una privacidad garantizada, condiciones que reclaman los establecimientos turísticos de máximo lujo. La vigente Ley General Turística de Balears, precisamente, contempla que las instalaciones militares pueda tener un uso turístico aunque respetando siempre la calificación urbanística.
En el caso de las baterías de costa, todas las parcelas -alguna de ellas con una superficie de 50.000 metros cuadrados, como es la de Cala Carril en Llucmajor- se encuentran en terrenos rústicos protegidos, circunstancia que impide que se amplíen las actuales edificaciones. Un ejemplo de las posibilidades hoteleras con la enajenación de las baterías costeras es el hotel de lujo Cap Rocat, ubicado en la antigua batería de Cap Enderrocat, también en el término de Llucmajor.
Por lo que respecta al club de la Torre d'en Pau, en la barriada palmesana del Coll d'en Rabassa, la calificación urbanística de sus 9.171 metros cuadrados es de suelo urbano y uso deportivo. También se encuentra afectada por una servitud de la Zona de Dominio Público Marítimo-Terrestre. Las posibilidades de edificación son mínimas, un máximo de dos plantas.
Apoyo artillero
El presidente de la Asociación de Artilleros de Mallorca, Josep Oliver, comentó ayer que «la decisión de Defensa [cerrar las baterías] me parece correcta, cuando una instalación ya no tiene interés militar lo lógico es desprenderse. En este caso hace ya muchos años que estas baterías no están operativas».
No obstante, Oliver, que duante su etapa como oficial de Artillería fue el responsable de toda la red de baterías de costa de Mallorca, advierte que es posible que algunas de las baterías esté afectada por cesiones o expropiaciones condicionadas al uso militar y que su enajanación podría revertir a sus antiguos propietarios.
Los planes de Defensa se enmarcan en la política de «racionalización» de todo su patrimonio inmobiliario en el conjunto del Estado.