El Govern ha anunciado que descarta recurrir la Ley de Costas pese al informe preceptivo elaborado por el Consell Consultiu, que ve una vulneración constitucional en la normativa, y ha abogado por «salvar sus ambigüedades» a través del diálogo por considerarla una vía «más seria y responsable» de cara a intentar consensuar el desarrollo reglamentario de la Ley. «Ello no impide que el día de mañana se pueda interponer el recurso», ha apostillado.
En la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, Riera ha valorado que esta Ley es «muy buena para Baleares» puesto que supone dar cobertura a «muchas reivindicaciones», si bien ha precisado que se detectaron diversas discrepancias a nivel de competencias por las que se planteó la vía del recurso, solicitanto por ello que el Consell Consultiu se pronunciase al respecto.
Sin embargo, ha subrayado que el Govern, asesorado jurídicamente por los jurídicos de la Comunidad Autónoma, «ha comprobado que esas ambigüedades se pueden hablar a través del diálogo y se ha considerado conveniente continuar con ello, por lo que hemos decidido no interponer el recurso», ha incidido en esta línea.
Además, la portavoz ha recalcado que «siempre estamos a tiempo de interponer el recurso si es para defender los derechos de Baleares; de eso no tengan la menor duda».
En cualquier caso, respecto al trato del Ejecutivo autonómico con el órgano fiscalizador, Riera ha destacado que se basa en «el mayor respeto, la mayor consideración y la mayor admiración profesional y personal», no sólo hacia su presidente, Rafael Perera, sino también «por toda la labor del Consell Consultiu, cuya labor defendemos».
De hecho, ha recordado que cuando desde Madrid se propuso la supresión de distintos órganos, entre los que se encontraba el propio órgano de consulta, el Govern ratificó «con contundencia» que no se eliminaría ya que «sus dictamenes y su trabajo son encomiables y muy buenos para la labor del Govern».
En este sentido, ha apuntado que «muchas veces» sus dictámenes son preceptivos si bien ha manifestado que «no son vinculantes ni obligatorios» en su contenido, lo que «no quiere decir que la mayoría de ocasiones no se incorporen las mejoras propuestas a los textos del Govern». Es más, respecto a la Ley de Costas ha precisado que «no supone no tener en cuenta a este órgano ni no seguir solicitando sus informes, porque son muy importantes».