El Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Balears considera que la aplicación de la Ley del Turismo, junto a la modificación realizada en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) «incide directamente en una cuestión clave y muy tradicional en las Islas, como es el alquiler temporal por una, dos o tres semanas, que ahora excluye la LAU y la propia normativa turística vigente en Balears», explica el secretario del Colegio Oficial de Administradores de Fincas, Bernat Seguí.
La modificación de la LAU restringe el alquiler de viviendas plurifamiliares para uso turístico, siempre y cuando se den dos condiciones: que se den servicios turísticos y que se utilicen portales on-line turísticos para su comercialización.
Polémica
Bernat Seguí incide en una hecho fundamental y que en estos momentos está generando la polémica entre los hoteleros y el resto de sectores afectados.
«Desde 1964 se viene produciendo en las Islas este tipo de alquiler temporal. Ahora, con el cambio normativo, se afronta una situación compleja, ya que no queda especificado en la Ley del Turismo qué son servicios turísticos ni que portales son ilegales para comercializar estas viviendas. Esto tiene que ser desglosado y tipificado para que los propietarios no incurran en ninguna ilegalidad, que luego conlleve una sanción económica y administrativa», explica Seguí.
La falta de clarificación en la Ley del Turismo y en la propia LAU, según el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Balears, «criminaliza a los propietarios de este tipo de viviendas que son alquiladas para turistas. ¿Qué pasa con los alquileres formalizados antes de la entrada en vigor del cambio normativo en la LAU?. Aquí, nadie ha tenido en cuenta este aspecto, que es fundamental para los propietarios. Asimismo, quién va a indicar qué tipo de portales on-line se pueden utilizar para comercializar esta oferta. Son muchos interrogantes que no se han solventado y que la Administración autonómica ha soslayado. Nunca hasta la fecha se había hablado sobre la comercialización, circunstancia que también ha pillado de sorpresa a los propios inspectores de Turisme», explica Seguí.
Esta situación ha provocado denuncias vecinales y de inquilinos que quieren aprovechar la actual indefinición, por lo que urge solventar esta vacío legal y reglamentar, con el consenso de todas las partes, las pautas a seguir, para evitar un rosario de actuaciones judiciales.
«Es curioso cómo Turisme ha actuado en esta cuestión, puesto que desde el primer día de aplicación del cambio normativo en la LAU (4 de junio), ya comenzaron a realizarse las inspecciones en la zona norte, con la consiguiente alarma entre los propietarios. Esta situación ha generado un clima rato que tiene que solventar y aclarar el Govern», afirma Seguí.