La Junta de Portavoces ha rechazado este miércoles la comparecencia en un pleno extraordinario del Parlament del presidente del Govern, José Ramón Bauzá, para que dé explicaciones sobre la aplicación del Decreto de Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL) y el hecho de que tres directores hayan sido expedientados.
Así lo han explicado los portavoces parlamentarios a los medios de comunicación tras la reunión en la que el PP ha rechazado esta materia alegando que el jefe del Ejecutivo autonómico no debe comparecer en un pleno extraordinario sobre la apertura de estos expedientes porque «son temas administrativos», ha explicado la portavoz del PP, Mabel Cabrer.
Por su parte, la portavoz del PSIB en la Cámara, Francina Armengol, ha anunciado que los servicios jurídicos del partido han realizado un «informe exhaustivo» sobre estos tres expedientes, que determina que éstos han sido «totalmente arbitrarios e ilegales».
No obstante, la socialista ha indicado que su partido no acudirá a los juzgados por esta materia porque no están legitimados para hacerlo, si bien sí que darán su apoyo tanto a los directores como a los sindicatos que deseen hacerlo.
«Los expedientes podrían suponer un delito penal»
Armengol ha dicho que el Govern ha tomado estas determinaciones «contra la ley» que, incluso, podrían suponer «un delito penal» por parte de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades. Así, ha criticado esta «persecución» que lleva a cabo el Govern y le ha exigido que «rectifique y dé marcha atrás» con el TIL.
En este sentido, ha reclamado al Ejecutivo balear que intente pactar con el sector educativo la implantación de una tercera lengua pero que no actúe «desde la soberbia y las medidas dictatoriales».
Por todo ello, la socialista ha criticado que «una vez más» el PP haya negado «la posibilidad de debate» en la Cámara y haya rechazado la comparecencia del presidente demostrando, de esta manera, «un gesto autoritario y antidemocrático».
Alto de nivel de crispación
Así, tanto Armengol como la portavoz adjunta de MÉS, Fina Santiago, han hecho hincapié en el alto nivel de «crispación» que hay en la comunidad educativa balear y que ha provocado el anuncio de una huelga indefinida y la amenaza de dimisión de directores de centros.
La econacionalista ha reclamado también que la consellera de Educación, Joana Maria Camps, no se vaya de vacaciones, que trabaje para evitar la huelga y estas posibles dimisiones y que septiembre no empiece «con este nivel de crispación».
Además, Santiago ha explicado que su grupo «respetará» la decisión que adopte la comunidad educativa sobre la convocatoria de huelga, si bien ha remarcado que MES quiere que esta crispación «se resuelva», algo que, según su opinión, «pasa el diálogo y que consensúen la aplicación del TIL».
En este sentido, la portavoz adjunta de los econacionalistas ha recordado que el catalán tardó en aplicarse ocho años y eso que esta lengua «se escuchaba en la calle». «No puede ser que una lengua no propia se aplique de repente sin recursos», ha añadido.
No obstante, el PP ha defendido su postura a la hora de rechazar la comparecencia y ha criticado esta «petición insólita» del PSIB. También ha indicado que la «alarma» que dice la oposición que hay en el sector «es falsa».
El PP asegura que los centros trabajan para que el curso empiece con normalidad
Así, Cabrer ha indicado que únicamente tres o cuatro centros escolares de los más de 400 que hay en la comunidad no han querido aplicar esta normativa, «que cualquier funcionario debe cumplir». Por ello, ha agradecido el trabajo de «miles de docentes que trabajan por la aplicación de una tercera lengua» y ha admitido que es «difícil de entender» que alguien esté «en contra de esta apuesta».
Asimismo, la 'popular' ha apelado a la responsabilidad de quienes «intentan boicotear el inicio del curso escolar para calentar el ambiente» y ha remarcado que el curso escolar «empezará con normalidad, pese a los intentos por boicotearlo».
Finalmente, sobre los expedientes abiertos a directores que el PSIB ha dicho que son ilegales, Cabrer ha manifestado que el único que los podría calificar así son los tribunales de Justicia y «no Armengol». También ha añadido que quien lo desee puede impugnar esta normativa pero «mientras tanto» lo deben cumplir porque, en caso contrario, «esto sería la selva».